Liberan a 10 policías que allanaron quinta del narcotraficante “Lucas el Flaco”

La Corte de Apelaciones de Vargas ordenó la libertad plena de 10 funcionarios de la Polinacional imputados por presuntamente golpear al subdirector de la Dirección Técnico-Científica del Ministerio Público, José Gregorio Hernández Nerea. Los policías estaban presos desde el jueves 18 de agosto por ordenes del Tribunal 5° de Control de Vargas. Ese día les imputaron trato cruel, violación de domicilio y simulación de hecho punible. Todos esos delitos los cometieron presuntamente el sábado 13 de agosto cuando allanaron una quinta en Carayaca (Var), propiedad de Carlos Lucambio Moreno (32), alias “Lucas el Flaco”, quien es señalado de dirigir una organización criminal dedicada al envío de drogas hacia Europa desde los aeropuertos internacionales de Valencia y Caracas.

El día que allanaron esa quinta, se acercó al sitio el subdirector de la Dirección Técnico-Científico del Ministerio Público, Hernández Nerea quien reside al lado del inmueble de Lucas el Flaco. Enfurecido, les exigió a los funcionarios la orden de allanamiento. De hecho ese detalle lo admite la Fiscalía en un comunicado enviado a los medios informando la imputación a los 10 funcionarios. El altercado subió a mayores cuando Hernández Nerea le dijo a los policías que los iba a meter presos porque el trabajaba con la doctora Luisa Ortega Díaz. “Y tu estás botado”, le habría dicho al fiscal Carwil Eduardo Ortsas Sánchez, quien acompañaba a los polinacionales en el allanamiento.  “Ese terreno es de mi propiedad”, les señaló Hernández Nerea a los uniformados, aludiendo a la parcela donde está asentada la quinta de Lucas el Flaco. Ciertamente el fiscal Ortas Sánchez fue removido. Todo eso quedó asentado en el acta de la audiencia de presentación de los policías refrendada por la jueza Grecia Abreu Rada, según expediente N° WP02-P-2016-004253 al cual tuvimos acceso.

La Fiscalía reviró. La jueza Abreu Rada desestimó el delito de trato cruel porque las pruebas presentadas por Fiscalía no eran suficientes para constatar los daños presuntamente causados a Hernández Nerea. Además, ordenó dejarlos en libertad, decisión que la Fiscalía apeló invocando el efecto suspensivo de la medida hasta que la Corte de Apelaciones resolviera.

El lunes 22 de agosto, la Corte de Apelaciones de Vargas, en ponencia de su presidente Jaime Velasquez, confirmó la libertad en favor de los polinacionales y desestimó los restantes delitos; esto es, violación a domicilio y simulación de hecho punible. Pero respecto al oficial Hernán José Martínez Vizcaino, lo dejó libre bajo presentación y aceptó el delito de lesiones leves. Los policías liberados son: Elio José Garcia Aponte, Ronald Enrique Iriarte Gil, Nelson Alejandro Infante Orta, Wladimir Ramón Suárez Gil, Jorge Luis Ruíz Franco, Kleiber Elías Henriquez Heredia, Miguel Ángel Palma Villarroel y Leonardo Alberto Villalobos Arcadia.

El caso ha causado alarma en Miraflores, según fuentes directas. Al parecer ha causado sorpresa que un alto funcionario del Ministerio Público tenga vínculos comerciales con un narcotraficante. Al interior del Ministerio Público, su titular, Luisa Ortega Díaz, designó a María Eugenia Montesinos Hernández como subdirectora encargada de la Dirección Técnico-Científica de Fiscalía, ente auxiliar en las investigaciones abiertas contra funcionarios policiales y militares incursos en violaciones a Derechos Humanos. Pero en la lista protocolar de la Fiscalía, colgada en su página web, sigue figurando José Gregorio Hernández Nerea como subdirector titular de esa dependencia.

Mientras, la Dirección de Inteligencia y Estrategia de la Polinacional prosigue allanando las propiedades de Lucas el Flaco, quien está detenido desde el pasado 6 de agosto cuando lo agarraron en su casa ubicada en la urbanización Safari de Valencia (Car). Lucas el Flaco trabajó el aeropuerto internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía en septiembre de 2013, fecha en que enviaron a Paris en un vuelo de Air France 1.382 kilos de cocaína empequetads en ocho maletas. Su socio en esa operación, Harry Morales, fue detenido en Colombia en septiembre del año 2015, pero lo enviaron a Venezuela el 11 de agosto pasado, día en que los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos y Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvieron un encuentro en Puerto Ordaz donde acordaron reabrir las fronteras.

El TSJ instó a la Fiscalía a concluir investigación sobre “El Dakazo”

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia exhortó al Ministerio Público a concluir la investigación iniciada en noviembre de 2013 contra los dueños de las tiendas Daka, según se lee en la sentencia N° 226 cuyo ponente es el magistrado Maikel Moreno.  “Hasta la fecha el Ministerio Público no ha presentado acto conclusivo correspondiente”, dice la sentencia aludiendo a una investigación penal abierta en noviembre de 2013 contra Falles Ramadan Daggak Mujamad Mahmoud Daggak y su esposa Amal Hasan Abdilhadi, dueños de Daka.

La mencionada cadena de tiendas (5 en total) fue intervenida por el Gobierno el 8 de noviembre de 2013 luego que el Cuerpo de Inspectores de la Presidencia de la República constatara supuestas irregularidades en los precios. Por esa razón, la Fiscalía imputó a los dueños de Daka por la presunta comisión de los delitos de usura agravada continuada y asociación para delinquir. En consecuencia, el Tribunal 6° de Control de Carabobo dictó el 13 de noviembre de 2013, medida privativa de libertad contra la mencionada pareja así como bloqueo e inmovilización de sus cuentas bancarias.

Tres años después de iniciado el procesamiento penal de Falles Ramadan y su esposa, la abogada de éstos, Lonet Odina Gainza Medina, le solicitó a la Sala Penal avocarse al asunto en virtud del “desorden procesal” existente con la apertura de varias investigaciones; tantas como sucursales de tiendas Daka funcionan; esto es, Falcón, Carabobo, Lara y Caracas. “En efecto del estudio pormenorizado de las actas que conforman el presente expediente, la Sala observa que le asiste la razón a la solicitante”, responden los magistrados de la Sala Penal quienes concluyen que “se ha incurrido en desorden procesal por transgresión de los artículos 26 y 49 de la Constitución, inherentes a la tutela judicial efectiva y al debido proceso”.

Y recalcan los magistrados que “estamos ante un mismo proceso penal, con identidad de hechos, en igual fase procesal, pero que se encuentran en juzgados distintos, lo cual crea inseguridad jurídica”. Por ello declararon con lugar la solicitud de avocamiento planteada por la abogada del matrimonio Falles Ramadan-Amal Hassan, “motivo por el cual se exhorta a la representación fiscal a presentar (el acto conclusivo) sin mayor dilación y sin dejar de atender las investigaciones que se adelantan ante los distintos despachos fiscales de Lara y Caracas”. Pero además, la Sala Penal acordó sustraer y acumular en un solo expediente concentrada en Caracas, las causas que cursan en tribunales penales de Falcón y Carabobo. Ese único expediente será remitido a la presidenta del circuito judicial penal de Caracas, Solchi Delgado, para que vigile el cumplimiento de lo ordenado.