Pranes de la PGV quemaron parte del botín antes de entregarse

La única condición que pusieron los pranes de la Penitenciaria General de Venezuela (PGV) para rendirse y entregarle al Gobierno la cárcel, fue que les permitieran sacar parte del dinero depositado en bóvedas construidas en sus celdas unipersonales.

Así que desde el miércoles 26 de octubre, sus familiares comenzaron a desalojar la prisión llevando consigo guacales atestados con billetes de cien bolívares. El jueves 27 de octubre, se aceleró la operación con la llegada a San Juan de los Morros (Gua) de la ministra Iris Varela. Esa noche ya los pranes habían quedo solos con sus armas, porque los fusileros, gariteros y otros integrantes del “carro” habían saltado al Centro para Procesados “26 de Julio”, que queda al lado. Varela habló con los militares que custodiaban los alrededores de la PGV y les ratificó que esa cárcel sería evacuada para posteriormente repararla y repoblarla con las normas cont

enidas en el Nuevo Régimen Penitenciario. “Para el sábado debo estar informándole al país, que esto se solucionó”.  Al salir de esa reunión fue al patio donde estaban identificando a los reclusos. “Todo se va a solucionar”, le repetía.

El viernes 28 de octubre, Iris Varela desayunó con esas cachapas envueltas en queso que venden frente al hospital de la capital guariqueña. Al dueño del kiosco le extrañó el montón de carros y guardaespaldas que “invadieron” su negocio justo el día del paro convocado por la oposición. Varela no se bajó del vehículo. Degustó la cachapa con queso de mano mientras leía La Antena y encargó cinco para llevarle a Wilmer Apóstol, Franklin Suárez, Liana Reyes, Adolfo Carrillo y Uguet Urbina. Era parte del equipo que ayudó en el llamado plan de pacificación de la PGV y el Internado Judicial Los Pinos (Injupi)

 A eso de las 10 am enfiló hacia la “26 de Julio”. A su llegada saludó al montón de reclusos que estaban sentados en el patio central esperando por ser identificados. Para ese momento ya sobrepasaban los 4 mil reos que habían sido rescatados. Huían de la PGV con la ayuda de los guardias nacionales, a riesgo de que los mataron desde las garitas.

Se instaló en una oficinita y dijo: “ya voy a iniciar una cayapa de emergencia para que sean liberados a quienes ya tienen tiempo legal”. Con un celular llamó al magistrado Maikel Moreno, presidente de la Sala Penal y con otro ordenó a su asistente que le discara a Beatriz Zamora, la jefa de los jueces penales de Guárico. “Doctora vengase, que necesitamos hablar”. Zamora llegó con un médico forense de apellido Rotondaro, pariente lejano del militar que dirige el Seguro Social. Hablaron de cómo procesar las denuncias de presuntas “fosas comunes” que existen dentro de la PGV. “Primero debe entrar antiexplosivos del Sebin a limpiar el área”, dijo Varela. “Después, le tocara al Cicpc y la Fiscalía”, acotó.

El desenlace. A la media hora de haber llegado Zamora al improvisado despacho (11:38 am) entró Adolfo Carrillo, la autoridad única de traslados, quien le informó que ya todos los visitantes que pernoctaban en la PGV habían salido. En ese grupo había niños, hombres, muchachos y chicas prepago. Cargaban los guacales llenos de billetes, maletas, bolsos y joyas. Habían  venido saliendo graneaditos desde el miércoles 26 de octubre.

A las 12:57 del mediodía tocó la puerta Wilmer Apóstol y le dijo algo al oído. “Gracias a Dios”, exclamó Varela parándose de la silla. Abrazó a Carrillo (jefe de los traslados) y pidió un chaleco antibalas. “Hemos vencido, ya los tipos se entregaron”, comentó. “Llamen a los medios”, le gritó a Franklin Suárez, director de comunicación del Min-Penitenciario. Todo se alborotó en la “26 de Julio”. Varela salió hacia la prisión recién desalojada. Antes de cruzar el hueco por donde muchos reos huyeron de Franklin Masacre, (el pran que los mutilaba si no pagaban la “Causa”), la Ministra se detuvo para lanzar un tuit anunciando el fin del conflicto. Era la 1:16 pm. Borraba y volvía porque se excedía de los 140 caracteres. Hasta que lanzó la información y prosiguió por el caminito forrado de paja ganadero, arbustos de teca, guatacaro y samanes.

Al llegar, lo primero que se vio fue un promontorio de cachivaches ardiendo. Allí estaba un grupito de guardias nacionales. Se sentó en las puertas de la antigua prisión construida por Juan Vicente Gómez y esperó a que llegaran los medios. A las 2:20 pm grabó una declaración con el equipo de VTV. No fue posible salir en vivo. Después se fueron aglomerando más periodistas y funcionarios regionales que llegaban a cuenta gotas. “No graben hacia el suelo”, sugirió uno de los funcionarios advirtiendo el reguero de bolsas, ropa, fajos de billetes, gorras, zapatos y nuevos testamentos que poblaban el sitio.

A las 2:36 pm Varela repitió la declaración para las televisoras que llegaron tarde. Algunos funcionarios que se presentaron abruptamente, querían agarrar cámara pero los guardaespaldas de la Ministra lo impidieron. Para mitigar ese momento, el secretario de gobierno sugirió una foto colectiva con el puño en alto, gráfica que sirvió de portada del diario Ciudad Guárico.

Abrieron el portón principal de la PGV para que Liana Reyes, directora de familia del MinPenitenciario recibiera las cédulas de los visitantes depositadas en los cajoncitos. Ese fue el único espacio que Varela pisó de la desalojada cárcel.

La Ministra y todo su equipo se devolvió por el camino enmontado que también fue recorrido por el tropel de funcionarios regionales presentes. En el trayecto, muchos guardias nacionales sacaron sus celulares para tomarse una foto con Iris Varela. “Ese perro a quien se lo van a entregar”, preguntó aludiendo a un rottweiler que estaba amarrado con un mecate. Al llegar a la “26 de Julio”, le pasó por un lado a Franklin Masacre, El Ratón, El Niño de Petare y El Chimaras, los pranes que mantuvieron vivo el conflicto. Este último debe su apodo al hecho de haber matado al actor Yanis Chimaras. Todos estaban sentados sin esposas pero bajo la vigilancia de un grupo del Cicpc. Alguien intentó tomarles una foto y Franklin Masacre le hizo una grosería con el dedo medio. Varela regresó a Caracas el sábado 29 de Octubre. En la tarde-noche tomó un avión a Ginebra donde rendirá cuentas en el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos.

 

 

Fiscalía Militar investiga sustracción de cauchos R16 del almacén del Ejército

Desde mayo de este año (2016) dos fiscales militares nacionales investigan la sustracción de 21 cauchos del almacén del Ejército Bolivariano. Tal investigación fue signada con la nomenclatura N° FM5-013-2016 y es dirigida por la teniente de fragata Yusnagry Dahilis Pérez Márquez, fiscal militar quinta con competencia nacional.

Los 21 cauchos fueron sustraídos del depósito de abastecimiento del Servicio de Transporte del Ejército Nacional Bolivariano. Los neumáticos hurtados son marca Terramax, medidas 255/70R16.

Todos esos detalles están contenidos en el expediente CPJPM-TM1C-082-16 publicado parcialmente en la página web de la Corte Marcial de Caracas.

En ese mismo sitio de internet fue publicado el pasado 23 de septiembre, una sentencia sin número, mediante la cual el Tribunal Militar Primero de Control de Caracas, autoriza el allanamiento a un inmueble vinculado a la investigación sobre el hurto de los mencionados cauchos.

La vivienda objeto del allanamiento tiene el N° 152 y está situada en el sector San Francisco de Asís, avenida Bolívar de Maracay (Ara), la cual es residencia del primer teniente Néstor Alfonzo Coronel Sarmiento, según se señala en la sentencia firmada por la jueza militar 1° de control de Caracas, Claudia Carolina Pérez de Mogollón.

La Fiscalía Militar Quinta solicitó dicho allanamiento basado en “informaciones obtenidas por funcionarios adscritos al Departamento de Investigación Criminal de la 35 Brigada de Policía Militar, remitida a este despacho fiscal mediante oficios N°00352 de fecha 2 de mayo de 2016, donde se remite inspección técnica, acta N° D.I.C.-INSP-TEC-019/04/2016, estudio informático forense N° CG-SCJEMG-SLCCT-DI:1789”, destaca la sentencia del Tribunal Militar.

Pero además refiere que para soportar el allanamiento a la residencia del primer teniente Coronel Sarmiento, fueron tomadas entrevistas tanto al propio militar como a los también primeros tenientes José Julián de Sousa Zambrano; Wilmer Hernández Mora; al alistado Gabriel José Guillén Amariscua y al cabo primero Kelvin Alexis Jaramillo Sánchez.

Otro elemento que esgrimió ante el Tribunal la Fiscalía Militar para solicitar el allanamiento fue un oficio identificado con el N°00731 de fecha 21 de septiembre de 2016 “donde consideran que existen suficientes elementos de convicción que hacen presumir que en el referido inmueble (donde reside el primer teniente Coronel Sarmiento) existen elementos…que hacen presumir que el referido oficial se encuentra involucrado con actividades ilícitas,  a saber, cobro de ciertas cantidades de dinero a cambio de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que fueron sustraídos, como son 21 cauchos…”.

Ante ese planteamiento, el Tribunal Militar declaró con lugar la solicitud de la Fiscalía y autorizó la “…inspección, registro y allanamiento” de la residencia del mencionado primer teniente.

La versión del militar. La información del allanamiento fue publicada por el diario Últimas Noticias el pasado 29 de septiembre, página 11, escrita por este redactor.

A los tres días (lunes 3-octubre-2016), una persona que dijo llamarse Néstor Coronel Sarmiento se presentó en la sede de Últimas Noticias. El periodista que escribió la nota lo recibió y escucho de su voz lo siguiente: “aquí estoy, mi casa no ha sido allanada; de dónde sacó usted esa información”.

El periodista le exhibió copia de la sentencia del Tribunal Militar Primero de Control de Caracas y éste leyó los primeros párrafos para luego pasárselo a una mujer que lo acompañaba.

“Yo soy abogada del primer teniente y efectivamente esta es una orden de allanamiento que no se ha hecho efectiva. Tiene siete días para vencerse”, comentó la mujer quien dijo trabajar en el Tribunal Supremo de Justicia y además representar judicialmente el primer teniente.

 “Aclararemos que no ha sido allanada la vivienda”, respondió el periodista. “Usted tiene que desmentir toda esta cochinada que escribió, porque por culpa de usted murió una niña”, replicó la mujer quien amenazó con demandar al periódico y al comunicador social.

Al día siguiente (4-octubre-2016), Últimas Noticias publicó la réplica del militar. Pero el martes 18 de octubre, en la sección Cartas al Director, se publicó un escrito firmado por el primer teniente Coronel Sarmiento donde entre otros, asegura que “no existe ningún procedimiento penal en mi contra”.

En el segundo párrafo de este reportaje, se señala que la Fiscalía Militar Quinta abrió un expediente donde aparece como presunto implicado en la sustracción de los 21 cauchos, el primer teniente Néstor Alfonzo Coronel Sarmiento. Repito el N° del expediente: FM5-013-2016.

 

Pranes de la PGV versus el Gobierno

 

Desde Agosto pasado, el Gobierno diseño un plan para tomar el control de la Penitenciaria General de Venezuela (PGV), cárcel situada en San Juan de los Morros (Gua). La prisión, es una de las más violentas del país, tanto por las torturas que allí le infringen a los privados de libertad (mutilaciones con hacha caliente, por ejemplo) como por los delitos que se organizan para ser ejecutados en los pueblos de Guárico. Secuestros, cobros de vacunas y sicariatos entre otros, según investigaciones policiales.

La PGV fue capitaneada en un tiempo por Humberto José Rodríguez Grimán, alias Trompeta, abatido por el Cicpc en Maracay (Ara) en enero de 2011. A este le sucedió Jhony Aponte (“Mini Joe”), también caído durante un enfrentamiento en su finca de Los Valles del Tuy en noviembre de 2015. En su lugar quedó Nelson Alejandro Barreto Reyes (“El Ratón”), quien ejerce el control del cobro de causas (impuesto que cada preso debe pagar semanalmente), venta de drogas, alquiler de teléfonos, alimentos y hasta “huidas por la puerta principal”.

Pero a comienzos de este año, El Ratón recibió una visita forzosa. En la PGV se les instaló Franklin Paul Hernández Quezada (42), alias “Franklin La Guaira”, “Viru-Viru”, “Franlin Masacre”. Este venía huyendo de las persecusiones que le montó el Gobierno a través de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP). Se instaló en una celda VIP del penal guariqueño con cinco de sus más cercanos colaboradores.

Asi las cosas El Ratón debió hacer “cogobierno” con su carnal “Franklin Masacre”. Como era de esperarse, “Viru-Viru” comenzó a ningunear a El Ratón e implantar nuevas normas como el incremento de la causa y la obligación a los familiares de los reclusos de traer alimentos para llenar los vacíos anaqueles. Tal situación trajo fracturas entre los dos pranes. Incluso según testigos, El Ratón aceptó a regañadientes la acción de secuestrar a los 45 funcionarios del Ministerio Penitenciario el pasado 1° de Agosto.

La acción fue para presionar al Gobierno de enviarle 3 mil privados de libertad que estaban en las comisarías del Cicpc. A mayor cantidad de presos dentro de la esmirriada nómina de la PGV (el Gobierno no mandaba reos para ese penal), más era la “causa” semanal que de 16 millones de bolívares, pasaría a 23, según cálculos de testigos internos. El conflicto cesó con la intervención del viceministro José Vicente Rangel Ávalos, quien de antemano conoce a los pranes de la PGV.

Simultáneo a eso, la ministro Iris Varela, recibió órdenes del presidente Nicolás Maduro para acelerar los planes de una pacificación y toma del control de la PGV. Alguien de afuera le sopló a los pranes el asunto. Por eso, comenzaron a idear un plan para evitar que los desalojaran de la Penitenciaria. Decidieron aumentar su arsenal y aumentar las torturas a los reos morosos. Pagaron por 100 granadas M26, pero solo les entregaron 84 que previamente sustrajeron del Fuerte Conopoima, situado también en la capital guariqueña. Pero no las ingresaron al penal. Las guardaron en los barrios cercanos a la PGV, donde estos pranes tienen aliados.

Su idea es convertir al barrio Vista Hermosa en un escenario de guerra cuando el Gobierno venga a tomar las instalaciones de la PGV. El plan de resistencia del pranato incluía hacerse presente en la opinión pública. Pagaron los focos de protestas en Caracas (cercanías de Miraflores y Ministerio Penitenciario), San Juan de los Morros (Frente al Fuerte Conopoima, de donde sustrajeron las granadas) y Carabobo. En una de esas protestas, una persona se acercó a los periodistas y les dijo: “Franklin quiere declarar”. Enseguida llamó a “Franklin Masacre” y se los puso en alta voz.

Luego subieron a las redes el video de un reo que murió por tuberculosis. Al parecer la autopsia dice que ciertamente padecía de esa enfermedad, pero que falleció a causa de “traumatismo craneoencefálico generalizado”. A la par, por las redes sociales divulgaron videos de personas con los dedos, brazos y píes mutilados que acusaban a “Franklin Masacre” de haberles disparado “con una pajiza” y luego debieron mutilarle el órgano para evitar una muerte por infección.

El viernes pasado (14 de octubre 2016), el Ministerio para el Servicio Penitenciario difundió un comunicado donde anuncia “un plan de pacificación de la Penitenciaria General de Venezuela”. Admite la existencia de presos mutilados que fueron rescatados por personal del Min-Penitenciario y anuncia la pronta implantación del llamado régimen basado en estudio, disciplina y trabajo. Al cierre de esta edición (17 Octubre 2016) no se ha producido acción alguna para ejecutar dichos anuncios.