Ex gerente de Pdvsa quería ser juzgado fuera del Zulia

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La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia negó  la petición para radicar fuera del Zulia el juicio seguido contra el ex gerente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), José Luis Parada Sánchez, según se lee en la sentencia N° 437  difundida el pasado 7 de noviembre. Parada Sánchez, quien se desempeñó como gerente general de Pdvsa Occidente, está imputado por peculado doloso propio continuado y asociación para delinquir. Estuvo recluido en el Sebin, pero le otorgaron una medida cautelar de arresto domiciliario en mayo de 2016.

Su abogada, Elizabeth Sánchez Fuentes, solicitó a la Sala Penal el 4 de abril de 2016 sacar del estado Zulia el proceso penal seguido a su cliente. Argumento que desde los inicios del proceso judicial “los medios de comunicación han jugado un papel nocivo para el efectivo desenvolvimiento de la justicia”. Denunció la paralización del juicio abierto en el Tribunal 8° de Control del Zulia bajo el número 8C-16549-15. La abogada aseguró que todos los diferimientos del juicio “han sido por falta de traslado del imputado e inasistencia del Ministerio Público”.

Al respecto la Sala Penal, en ponencia redactada por su presidente, magistrado Maikel Moreno, respondió que “no se verifica algún acontecimiento indeseable que denote la paralización indefinida del proceso”. Y en relación a la denunciada influencia “nociva” de los medios de comunicación en ese juicio, los magistrados responden que  las reseñas periodísticas que se acompañan a la solicitud de radicación “permiten determinar que efectivamente el hecho indudablemente impactó en el ánimo de la población en su momento;  pero ello no basta, pues esta perturbación debe ser permanente y vigente para que constituya realmente una amenaza apremiante”.

Aunado a lo expuesto, los magistrados señalan que la abogada de Sánchez Parada presentó unos recortes de periódicos que no comprometen la imagen del sistema de administración de justicia, su honradez, legitimidad y equidad de los jueces actuantes en el expediente. Tampoco observan en la Sala Penal “la manipulación informativa tendente a producir emoción, excitación, impresión ni acusaciones de proceder erróneo, incierto o deshonra”.

La investigación penal contra Parada Sánchez se inició en mayo de 2008 a raíz de una denuncia interpuesta ante el Ministerio Público por el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros (Sinutrapetrol), la cual se basa en los siguientes hechos: 1) arrendamiento de embarcaciones entre 2005 y 2008 para las operaciones lacustres en el Lago de Maracaibo, las cuales eran innecesarias en criterio de los denunciantes ya que Pdvsa poseía una serie de embarcaciones. 2) Absorción de trabajadores que laboraban para contratistas en condición de tercerizados, desmejorando presuntamente sus condiciones. 3) Contratos por adjudicaciones directas a una empresa denominada J&R Construcciones, la cual presuntamente es propiedad de José Luis Sáez, esposo de Maerlis Méndez, supuesta secretaria de Sánchez Parada. 4) Se otorgaron presuntamente con el Comité de Licitaciones contratos por adjudicaciones directas a empresas relacionadas con el investigado. Igualmente señalan presuntos sobreprecios.

Al cierre de este reportaje (27-11-16), el sistema de justicia no había informado sobre la reanudación del juicio contra Parada Sánchez.

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Polar falsificó facturas para tramitar euros

El 10 de noviembre de 2010, la entonces Comisión de Administración  de Divisas (Cadivi) le abrió un procedimiento administrativo a Cervecería Polar, C.A. porque presuntamente falsificó documentos para tramitar divisas. El relato de ese hecho delictivo está narrado en la sentencia N° AP42-G-000329-2016 (Julio de 2016) de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, la segunda instancia judicial más importante del país, después del Tribunal Supremo de Justicia.

Los abogados de Cervecería Polar C.A., Gustavo Adolfo Grau Fortoul, Miguel Mónaco Gómez y Carlos Briceño, demandaron la nulidad del proceso de investigación abierto por Cadivi. El escrito de demanda fue presentado el 12 de agosto de 2013 y el 19 de septiembre de ese año, declararon competente a la Corte Primera de lo Contencioso para conocer el asunto. El 5 de febrero de 2014 la Corte se abocó y solicitó a Cadivi el expediente. El organismo administrador de divisas envió a la Corte lo solicitado en cuatro carpetas y 553 páginas. La jueza María Eugenia Mata fue designada ponente para redactar un proyecto de sentencia. Pero el 17 de febrero de 2016 se reasignó la ponencia a la jueza María Elena Centeno Guzmán.

La información cargada en el sistema presentaba dos problemas: a) hubo un cambio de numeración y b) la identidad del usuario o importador aparecía como Pfizer de Venezuela, S.A. en lugar de Cervecería Polar. Por lo cual Cadivi presumía el forjamiento de la declaración y acta de verificación de mercancías consignada por el usuario Cervecería Polar e inició el procedimiento administrativo “por utilizar una factura comercial presuntamente duplicada”. Para Cadivi, la conducta de Polar se parecía a la descrita en el artículo 10 de la Ley contra Ilícitos Cambiarios, relativo a la “obtención de divisas mediante engaño, alegando causa falsa o valiéndose de cualquier otro medio fraudulento”.

Se trató de “un error”. Los representantes de Cervecería Polar alegaron que se trató de “un error involuntario de una funcionaria de esa Comisión”; que “ni sabían del presunto forjamiento”. Recordaron que el motivo de la solicitud sería la obtención de 32.527,21 euros para la adquisición de piezas de repuestos para maquinaria utilizada en sus procesos industriales por parte del proveedor Krones AG, ubicado en Alemania. Adujeron que la numeración de las facturas de los distintos proveedores extranjeros pueden coincidir en ocasiones, “sin que ello implique que exista correspondencia o duplicado de facturas”.

En el transcurso de su defensa, Cervecería Polar, sacó a relucir, cuáles serían esas dos facturas presuntamente forjadas. En ese sentido expresaron que la factura consignada en el trámite correspondiente a la solicitud AAD N° 8414416, es la número 053/08 del 2 de diciembre de 2008 y fue emitida por Forbex Brasil LTDA, el cual se encuentra ubicado en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Las mercancías importadas a través de dicha factura fueron gránulos de caucho molido redondeado de una granulometría de 0,7 a 2mm.

Y la segunda factura presuntamente forjada fue la N° 053/08 consignada en el marco del trámite correspondiente a la solicitud de AAD N° 7246596, la cual tiene fecha de emisión de 15 de abril de 2008 por KSB Bombas Hidraulicas S.A.. ubicada en la ciudad de Portella, Brasil. Las mercancías importadas a través de dicha factura fueron bombas centrífuga horizontal sewabloc procedentes de Alemania.

Cadivi replicó. Por su parte Cadivi respondió que se pudo verificar que la Declaración y Acta de Verificación de Mercancías consignada por el solicitante de las divisas “pertenecía a otro usuario distinto, por lo que se pudo inferir que tal documentación se encontraba forjada”. Añaden que en el Sistema de Control Operativo aparece que la solicitud N° 7440644, corresponde a la sociedad mercantil Pfizer de Venezuela, S.A. Y que el número de control (365582), se encuentra asignado a la Declaración y Acta de Verificación de Mercancías de la solicitud de Pfizer de Venezuela y de otra empresa denominada Autopartes Johan, C.A.

Para completar el ílicito, Polar forjó la firma de Julia Bichara, jefa de la Oficina de Verificación Aduanal en La Guaira. Polar “colocó” la firma de Bichara en la Declaración y Acta de Verificación de Mercancías. El Cicpc realizó una experticia grafotécnica de comparación entre el original de la referida declaración y una muestra de escritura de Julia Bichara. Dicha experticia arrojó como resultado que la firma que se encuentra en la Declaración y Acta consignada por Polar no se corresponde con la firma de Julia Bichara. Por cierto que dicha experticia desapareció de la División de Documentología del Cicpc, situación que fue informada a la Fiscalía 56° de Caracas el 18 de julio de 2013, según oficio N° 9700-030-505.1718.

A raíz de ese último detalle, Cadivi formuló en octubre de 2012 la respectiva denuncia del presunto ilícito ante la Fiscalía General de la República y el Ministerio de Economía, Finanzas y Banca Pública.

Opinión de la Fiscalía. Pero para el Ministerio Público, las presuntas irregularidades observadas por Cadivi, no revisten carácter penal. De hecho, el 3 de abril de 2014, el abogado Juan Betancourt Tovar, fiscal segundo del Ministerio Público ante las cortes de lo Contencioso Administrativo consignó un escrito donde señala que “la administración en forma alguna ha establecido que estamos en presencia de un ilícito cambiario, por existir un acta forjada”.

Ante ese panorama, la Corte Primero de los Contencioso señaló que “es un hecho cierto que existen irregularidades en el proceso, pero no está determinado sobre quien recae esa responsabilidad”. Por esa y  otras razones, la Corte declaró sin lugar la demanda interpuesta por Cervecería Polar que buscaba anular la investigación abierta en su contra. Al cierre de este reportaje (20-11-16) la Fiscalía no ha informado los resultados de su investigación; esto es, si Polar incurrió en un delito cambiario. Tampoco lo ha hecho el Ministerio de Banca y Finanzas.

El TSJ “salvó” a Rafael Ramírez de ser investigado por la Asamblea Nacional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia suspendió los efectos de la investigación abierta e impulsada por la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional con relación a supuestas irregularidades ocurridas en la empresa Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) durante el periodo 2004-2014 presidido por Rafael Ramírez. La decisión es una medida cautelar solicitada por Rafael Ramírez y está contenida en la sentencia N° 893 aprobada el 25 de octubre de 2016 y difundida el viernes 11 de noviembre.

La investigación  que fue suspendida por el TSJ se inició el 17 de febrero de 2016. Sus pasos iniciales fueron dos comunicaciones que le enviaron al expresidente de Pdvsa, quien ahora es representante permanente de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidades. Uno de esos oficios fue llevado personalmente a New York por el diputado Freddy Guevara, presidente de la Comisión de Contraloría de la AN. Todas esas actuaciones derivadas de esa investigación también quedaron suspendidas.

Esta demanda de nulidad por razones de inconstitucionalidad fue interpuesta  por Rafael Ramírez el 28 de septiembre 2016 a través de su abogada Petrica López Ortega. En el extenso escrito, el expresidente de Pdvsa, aprovechó para responder los siete puntos de su gestión que pretendía investigar el parlamento.  Veamos.

  1. Quién manda en Pdvsa. La Junta Directiva de Pdvsa, actúa como un órgano colegiado, del cual forma parte de manera permanente, un representante de la República, generalmente, el Ministro de Finanzas, con carácter de Director Externo y un representante de los trabajadores, en condición de Director Interno, explicó Ramírez para negar que “el Presidente (de Pdvsa) no toma decisiones individuales, lo hace a través de la Junta Directiva”. Adujo que todas sus decisiones fueron emitidas con la aprobación unánime de la Junta Directiva. Y añade que durante su gestión la empresa estuvo siempre considerada entre las primeras cinco a nivel mundial, según los análisis realizados por los expertos del mundo entero en la materia, tales como, la revista especializada en petróleo, (‘Petroleum Intelligence Weeklly PIW’).
  1. Qué se hizo con los “petrodólares”. Ramírez respondió que los ingresos percibidos han sido utilizados, no sólo para el desarrollo de la empresa y de los proyectos petroleros, como se evidencia de los informes, sino del hecho cierto de su destino de parte de los mismos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica de los Hidrocarburos, a los diferentes planes y proyectos de desarrollo social y a las distintas misiones que adelanta el Gobierno Nacional a través del desarrollo de las misiones sociales y en particular la de: Vivienda, Ribas, Barrio Adentro, Ribas Técnica y Pdvsa la Estancia, todos por instrucciones del presidente Chávez. Ramírez acotó que “debe quedar claro que no hubo daño al Patrimonio Público de la Nación durante el período señalado, y por el contrario, se produjo un Incremento sustancial del mismo”.
  1. Víctimas de un fraude. Respecto a las presuntas irregularidades en los fondos de ahorro, Ramírez explicó que las entidades que manejan los fondos de ahorro y de pensiones de los trabajadores y jubilados de Pdvsa no son filiales de empresa, ni están bajo el control legal, accionario ni administrativo de la estatal ni del Gobierno Nacional. Estos fondos tienen personalidad jurídica y patrimonio propios. “En lo personal, Rafael Ramírez nunca fue miembro de esos cuerpos gobernantes”, acotó. Sobre el llamado “caso Illaramendi”, existe un juicio en Estados Unidos, en el que Francisco Illaramendi ha sido condenado por fraudes cometidos sobre inversiones recibidas de varias entidades, entre ellas los fondos de los trabajadores y pensionados de Pdvsa. Asimismo, fueron determinadas (sic) responsabilidades sobre uno o más funcionarios de Pdvsa, indicó. “Sin embargo, Pdvsa es parte de las entidades que están haciendo reclamaciones ante los interventores designados para ese caso, y uno de los asuntos alegados, junto con sus asesores legales, es que Pdvsa y los fondos son víctimas de este fraude, y que no es justo que se vean afectados por actuaciones deshonestas o acciones desleales de algunos de sus funcionarios…”, completó.
  1. Las cuentas en Andorra y Brasil. El ex presidente de Pdvsa rechazó igualmente la imputación sobre cuentas en la banca privada de Andorra. Dijo que durante su gestión Pdvsa y sus filiales nunca se manejaron fondos en cuentas del citado banco europeo. “En lo personal, Rafael Ramírez nunca ha tenido cuentas en el BPA”, acotó. También negó que se hayan adquirido títulos y otros instrumentos financieros en el Banco Espíritu Santo con fondos de Pdvsa. Explicó que durante un tiempo, Pdvsa y sus filiales manejaron parte de sus cobranzas, pagos a proveedores, así como operaciones de financiamiento, a través de cuentas en el Banco Espíritu Santo de Portugal, debido, fundamentalmente, a algunas sanciones del Gobierno de USA, por supuestas operaciones entre entidades venezolanas e iraníes, que ocasionaron que la mayoría de las instituciones bancarias de USA y de Europa decidieron dejar de operar con la estatal petrolera venezolana. A raíz de la intervención de este Banco, durante el año 2014, las autoridades interventoras decidieron crear una nueva institución, llamada Novo Banco, a la que fueron transferidas las operaciones normales y sin problemas. En tal sentido, durante ese año 2014, PDVSA y sus filiales recibieron en cuentas del Novo Banco la totalidad de los fondos mantenidos en el viejo Banco Espíritu Santo, incluyendo los saldos en cuentas receptoras de cobranzas por exportaciones y en cuentas utilizadas para el pago a nuestros proveedores, así como los fondos que se mantenían depositados como garantías colaterales para operaciones de financiamiento y de cartas de crédito, con lo cual no se le ocasionó ninguna pérdida patrimonial a la empresa ni a sus filiales, explicó.
  1. Irregularidades en contratos. Respecto a las presuntas irregularidades en la celebración de contratos con Pdvsa, Ramírez dijo que esa esa una “desproporcionada imputación”. Dado el carácter de Holding Público de Pdvsa y la posibilidad de contratación de sus múltiples filiales, direcciones y gerencias, sólo en un año, el número de contratos celebrados por la industria puede girar en torno a los 6.800, detalló. Ramírez destacó que Pdvsa es una corporación de clase mundial, integrada por unas 245 empresas, domiciliadas en Venezuela, USA, Centro y Sur América, Región del Caribe y Europa. Y como parte de la política corporativa de delegación, existe la Delegación para Contratación, que se refiere a la autoridad otorgada a las filiales, negocios, áreas y organizaciones, para que aprueben internamente sus procesos de contratación, hasta el nivel de autoridad otorgada. “En tal sentido, el presidente de Pdvsa no es responsable de los procesos de contratación aprobados por las diferentes instancias dentro de la Corporación”, recalcó.
  1. Pdval y la comida podrida. La Comisión de Contraloría tenía entre sus puntos las presuntas irregularidades en la adquisición masiva de alimentos importados por parte de la empresa Pdval. “En este sentido cabe remitirse a las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia con respecto al caso Pdval que ya ha producido cosa juzgada formal y sustantiva…”, respondió.
  1. Accidente de Amuay. Rafael Ramírez negó tener la culpa del accidente en la Refinería de Amuay (Fal) ocurrido el 24 de agosto de 2012. Aludió a un informe técnico sobre el resultado de las investigaciones hechas por un equipo especializado y multidisciplinario. Allí se explica que la explosión y el incendio fueron ocasionados por una fuga de olefinas a la atmósfera, por la apertura de bridas en una bomba, debido a la ruptura de ‘espárragos’ que habían sido aflojados de manera intencional, según lo investigado. “De acuerdo con la investigación, este lamentable incidente no fue producto de falta de mantenimiento, ni desperfectos mecánicos, ni de impericia de los trabajadores de la Refinería…”, refirió.

El ex ministro de Energía y Petróleo, calificó de “pobre” la redacción de los oficios enviados a su despacho desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, en los cuales observó que “no están numerados y carecen del sello oficial”. Refirió que ya su gestión pasó por el control político en su momento por la Asamblea Nacional en los 10 años que jefaturó la principal industria petrolera venezolana.  “Reabrirlo al día de hoy, cuando no es posible siquiera hacer recaer en la actividad ni en el titular del órgano sus consecuencias, evidencian la desviación del procedimiento pues no sólo se estaría volviendo sobre lo que podríamos denominar la cosa juzgada parlamentaria”, destacó Ramírez quien añadió que la AN pretende asumir facultades “propias de control jurídico”.

Por su parte, la Sala Constitucional  estimó que de proseguir la investigación abierta por el parlamento, además de la posible vulneración en los derechos de Rafael Ramírez, ésta podría desencadenar una reacción adversa en los procedimientos arbitrales que cursan en la actualidad, en los inversionistas, en todos aquellos países a los cuales puede acudir la República para el intercambio de crédito y, en fin, en los diversos actos relacionados con esta materia que interesan a la nación, a diversos Estados y a la Región, tomando en cuenta la trascendencia de Pdvsa en el orden económico, social y constitucional.

 

Falsos emisarios del presidente ruso Vladimir Putin estafaron a Pdvsa

Una mujer rusa y dos franceses son señalados de estafar a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) al hacerse pasar como emisarios del presidente ruso Vladimir Putin, según se lee en las sentencias números 519 y 330 de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Andrey Spiridonov, Irina Alferova y Ruslan Adazhiy son los tres implicados en la estafa a la estatal petrolera, ocurrida entre los años 2009 y 2010.

La investigación fue abierta el 13 de julio de 2010 por la Fiscalía Superior de Nueva Esparta donde recibieron una denuncia de la empresa Valve Corporación C.A. Refieren que Andrey Spiridonov visitó en Rusia las instalaciones de Ankor, empresa dedicada a la fabricación y comercialización de válvulas para la industria petrolera. Allí dijo “ser el encargado directo por parte del Presidente Wladimir Putin de atender las contrataciones de las empresas rusas, que actuarían como distribuidores de insumos a la estatal petrolera venezolana Petróleos de Venezuela S.A. Pdvsa, convenciéndole de la posibilidad de buenos negocios en Venezuela, con la venta de sus productos, vale decir, válvulas para la industria del petróleo en Europa hasta ese momento”, señala textualmente la sentencia 380 de la Sala Penal.

 De ese encuentro acordaron la creación en Venezuela de una empresa que fuera como la sucursal  de la rusa Ankor, con el propósito de venderle a Pdvsa insumos necesarios en la explotación del petróleo y el gas. Tras varias reuniones en Margarita (Nue), nació Valve Corporación C.A. Tal fue el nivel de confianza generado por dicho grupo, que lograron captar inicialmente un millón 500 mil euros. “La justificación para el pago de tales cantidades de dinero, las centraban en el hecho que encontrándose prácticamente cerrada la negociación entre el ciudadano ANDREY SPIRIDONOV y PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. PDVSA, en supuesto beneficio de VALVE CORPORACIÓN C.A., se requería la constitución de fianzas de fiel cumplimiento en el extranjero que permitieran dar viabilidad jurídica a los contratos millonarios a ser suscritos en Venezuela y específicamente en la Isla de Margarita”, refiere el Tribunal Supremo de Justicia al estudiar el caso.

La “firma” de Rafael Ramírez. Pero pese a ello, Valve Corporación C.A. no le veía el queso a la tostada y presionó al trío de estafadores para finiquitar el contrato con Pdvsa. Por eso los timadores armaron una reunión final en Margarita con 10 técnicos de la empresa rusa Ankor, incluido a su presidente internacional. Allí se planteó que la oferta del contrato no solo se limitaba a venderle insumos a Pdvsa, sino a empresas similares en Colombia y Ecuador.

Para darle credibilidad al asunto, el trío obtuvo del abogado Roberto Calvarese, un modelo de contrato de suministro para válvulas petroleras. Lo transcribieron e incorporaron “maliciosamente” los datos de Valve Corporación C.A. y del Ministerio para la Energía y el Petróleo que constituiría a decir de los estafadores, el documento que finalmente sería presentado ante los miembros de la empresa como el contrato final que permitiría la comercialización de sus productos en nuestro país para la industria petrolera. En dicho contrato falsificaron la firma del entonces ministro Rafael Ramírez, tal como lo informó la estatal venezolana al Ministerio Público.

Y llegado el momento de hacer valer dicho contrato ante las autoridades correspondientes de Pdvsa, Olimkhon Muminov e Igor Kirgizbaev, fueron informados que dicho documento no se encontraba registrado en los archivos de dicha empresa y por lo cual presumían su falsedad. Es en ese momento cuando los miembros de la empresa Arkor en Rusia y Valve Corporación proceden a interponer la denuncia ante el Ministerio Público el 13 de julio de 2010.

Detenidos y liberados. Dos años después, concretamente el 9 de octubre de 2012, Ruslan Adazhiy, de nacionalidad francesa, fue detenido en la república de Moldavia, vecina de Ucrania. Tres meses antes (9 de octubre 2012), atraparon en la ciudad italiana de Vareze a Irina Alferova, la única mujer del trío de estafadores. Los detuvieron en virtud de una notificación roja colgada en Interpol por el Tribunal 4° de Control de Nueva Esparta.

Pero, ambos fueron liberados porque las autoridades venezolanos no formularon a tiempo el pedido de extradición. De hecho, la sentencia de la Sala Penal del TSJ acordando la extradición de Adazhiy y Alferova, tiene fecha de 18 de diciembre de 2012. Es decir, un mes después que ya los estafadores estaban en las calle europeas. El ponente de esa sentencia fue el magistrado Héctor Coronado y le dieron su voto aprobatorio sus colegas, Paul Aponte Rueda, Deyanira Nieves, Blanca Rosa Mármol de León y Yanina Karabin. Esta última magistrada es la única que integra la actual Sala Penal, mientras que los demás, están jubilados.

Cuatro años después de esa decisión, la Sala Penal, con nuevos integrantes, acordó nuevamente la extradición de Ruslan Adazhiy, uno de los tres estafadores. Ese que habían atrapado en Moldavia y debieron liberar. El pasado 18 de octubre de 2016, los magistrados declararon procedente la extradición, en virtud de que el sujeto fue detenido en Roma. La sentencia, signada con el número 380, es un calco de aquella del año 2012. En esta ocasión, el ponente es el magistrado Juan Luis Ibarra Verenzuela y contó con el respaldo de sus colegas Maikel Moreno, Francia Coello, Elsa Gómez y Yanina Karabin.

Al momento de cerrar este reportaje (6-11-16) las autoridades venezolanas no han informado si Ruslan Adazhiy ya fue traído a Venezuela para ser juzgado ante el Tribunal 4° de Control de Nueva Esparta, donde tiene un expediente abierto por estafa, falsificación de documentos y asociación para delinquir. Se desconoce el paradero de sus otros dos compinches.