El TSJ “salvó” a Rafael Ramírez de ser investigado por la Asamblea Nacional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia suspendió los efectos de la investigación abierta e impulsada por la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional con relación a supuestas irregularidades ocurridas en la empresa Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) durante el periodo 2004-2014 presidido por Rafael Ramírez. La decisión es una medida cautelar solicitada por Rafael Ramírez y está contenida en la sentencia N° 893 aprobada el 25 de octubre de 2016 y difundida el viernes 11 de noviembre.

La investigación  que fue suspendida por el TSJ se inició el 17 de febrero de 2016. Sus pasos iniciales fueron dos comunicaciones que le enviaron al expresidente de Pdvsa, quien ahora es representante permanente de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidades. Uno de esos oficios fue llevado personalmente a New York por el diputado Freddy Guevara, presidente de la Comisión de Contraloría de la AN. Todas esas actuaciones derivadas de esa investigación también quedaron suspendidas.

Esta demanda de nulidad por razones de inconstitucionalidad fue interpuesta  por Rafael Ramírez el 28 de septiembre 2016 a través de su abogada Petrica López Ortega. En el extenso escrito, el expresidente de Pdvsa, aprovechó para responder los siete puntos de su gestión que pretendía investigar el parlamento.  Veamos.

  1. Quién manda en Pdvsa. La Junta Directiva de Pdvsa, actúa como un órgano colegiado, del cual forma parte de manera permanente, un representante de la República, generalmente, el Ministro de Finanzas, con carácter de Director Externo y un representante de los trabajadores, en condición de Director Interno, explicó Ramírez para negar que “el Presidente (de Pdvsa) no toma decisiones individuales, lo hace a través de la Junta Directiva”. Adujo que todas sus decisiones fueron emitidas con la aprobación unánime de la Junta Directiva. Y añade que durante su gestión la empresa estuvo siempre considerada entre las primeras cinco a nivel mundial, según los análisis realizados por los expertos del mundo entero en la materia, tales como, la revista especializada en petróleo, (‘Petroleum Intelligence Weeklly PIW’).
  1. Qué se hizo con los “petrodólares”. Ramírez respondió que los ingresos percibidos han sido utilizados, no sólo para el desarrollo de la empresa y de los proyectos petroleros, como se evidencia de los informes, sino del hecho cierto de su destino de parte de los mismos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica de los Hidrocarburos, a los diferentes planes y proyectos de desarrollo social y a las distintas misiones que adelanta el Gobierno Nacional a través del desarrollo de las misiones sociales y en particular la de: Vivienda, Ribas, Barrio Adentro, Ribas Técnica y Pdvsa la Estancia, todos por instrucciones del presidente Chávez. Ramírez acotó que “debe quedar claro que no hubo daño al Patrimonio Público de la Nación durante el período señalado, y por el contrario, se produjo un Incremento sustancial del mismo”.
  1. Víctimas de un fraude. Respecto a las presuntas irregularidades en los fondos de ahorro, Ramírez explicó que las entidades que manejan los fondos de ahorro y de pensiones de los trabajadores y jubilados de Pdvsa no son filiales de empresa, ni están bajo el control legal, accionario ni administrativo de la estatal ni del Gobierno Nacional. Estos fondos tienen personalidad jurídica y patrimonio propios. “En lo personal, Rafael Ramírez nunca fue miembro de esos cuerpos gobernantes”, acotó. Sobre el llamado “caso Illaramendi”, existe un juicio en Estados Unidos, en el que Francisco Illaramendi ha sido condenado por fraudes cometidos sobre inversiones recibidas de varias entidades, entre ellas los fondos de los trabajadores y pensionados de Pdvsa. Asimismo, fueron determinadas (sic) responsabilidades sobre uno o más funcionarios de Pdvsa, indicó. “Sin embargo, Pdvsa es parte de las entidades que están haciendo reclamaciones ante los interventores designados para ese caso, y uno de los asuntos alegados, junto con sus asesores legales, es que Pdvsa y los fondos son víctimas de este fraude, y que no es justo que se vean afectados por actuaciones deshonestas o acciones desleales de algunos de sus funcionarios…”, completó.
  1. Las cuentas en Andorra y Brasil. El ex presidente de Pdvsa rechazó igualmente la imputación sobre cuentas en la banca privada de Andorra. Dijo que durante su gestión Pdvsa y sus filiales nunca se manejaron fondos en cuentas del citado banco europeo. “En lo personal, Rafael Ramírez nunca ha tenido cuentas en el BPA”, acotó. También negó que se hayan adquirido títulos y otros instrumentos financieros en el Banco Espíritu Santo con fondos de Pdvsa. Explicó que durante un tiempo, Pdvsa y sus filiales manejaron parte de sus cobranzas, pagos a proveedores, así como operaciones de financiamiento, a través de cuentas en el Banco Espíritu Santo de Portugal, debido, fundamentalmente, a algunas sanciones del Gobierno de USA, por supuestas operaciones entre entidades venezolanas e iraníes, que ocasionaron que la mayoría de las instituciones bancarias de USA y de Europa decidieron dejar de operar con la estatal petrolera venezolana. A raíz de la intervención de este Banco, durante el año 2014, las autoridades interventoras decidieron crear una nueva institución, llamada Novo Banco, a la que fueron transferidas las operaciones normales y sin problemas. En tal sentido, durante ese año 2014, PDVSA y sus filiales recibieron en cuentas del Novo Banco la totalidad de los fondos mantenidos en el viejo Banco Espíritu Santo, incluyendo los saldos en cuentas receptoras de cobranzas por exportaciones y en cuentas utilizadas para el pago a nuestros proveedores, así como los fondos que se mantenían depositados como garantías colaterales para operaciones de financiamiento y de cartas de crédito, con lo cual no se le ocasionó ninguna pérdida patrimonial a la empresa ni a sus filiales, explicó.
  1. Irregularidades en contratos. Respecto a las presuntas irregularidades en la celebración de contratos con Pdvsa, Ramírez dijo que esa esa una “desproporcionada imputación”. Dado el carácter de Holding Público de Pdvsa y la posibilidad de contratación de sus múltiples filiales, direcciones y gerencias, sólo en un año, el número de contratos celebrados por la industria puede girar en torno a los 6.800, detalló. Ramírez destacó que Pdvsa es una corporación de clase mundial, integrada por unas 245 empresas, domiciliadas en Venezuela, USA, Centro y Sur América, Región del Caribe y Europa. Y como parte de la política corporativa de delegación, existe la Delegación para Contratación, que se refiere a la autoridad otorgada a las filiales, negocios, áreas y organizaciones, para que aprueben internamente sus procesos de contratación, hasta el nivel de autoridad otorgada. “En tal sentido, el presidente de Pdvsa no es responsable de los procesos de contratación aprobados por las diferentes instancias dentro de la Corporación”, recalcó.
  1. Pdval y la comida podrida. La Comisión de Contraloría tenía entre sus puntos las presuntas irregularidades en la adquisición masiva de alimentos importados por parte de la empresa Pdval. “En este sentido cabe remitirse a las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia con respecto al caso Pdval que ya ha producido cosa juzgada formal y sustantiva…”, respondió.
  1. Accidente de Amuay. Rafael Ramírez negó tener la culpa del accidente en la Refinería de Amuay (Fal) ocurrido el 24 de agosto de 2012. Aludió a un informe técnico sobre el resultado de las investigaciones hechas por un equipo especializado y multidisciplinario. Allí se explica que la explosión y el incendio fueron ocasionados por una fuga de olefinas a la atmósfera, por la apertura de bridas en una bomba, debido a la ruptura de ‘espárragos’ que habían sido aflojados de manera intencional, según lo investigado. “De acuerdo con la investigación, este lamentable incidente no fue producto de falta de mantenimiento, ni desperfectos mecánicos, ni de impericia de los trabajadores de la Refinería…”, refirió.

El ex ministro de Energía y Petróleo, calificó de “pobre” la redacción de los oficios enviados a su despacho desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, en los cuales observó que “no están numerados y carecen del sello oficial”. Refirió que ya su gestión pasó por el control político en su momento por la Asamblea Nacional en los 10 años que jefaturó la principal industria petrolera venezolana.  “Reabrirlo al día de hoy, cuando no es posible siquiera hacer recaer en la actividad ni en el titular del órgano sus consecuencias, evidencian la desviación del procedimiento pues no sólo se estaría volviendo sobre lo que podríamos denominar la cosa juzgada parlamentaria”, destacó Ramírez quien añadió que la AN pretende asumir facultades “propias de control jurídico”.

Por su parte, la Sala Constitucional  estimó que de proseguir la investigación abierta por el parlamento, además de la posible vulneración en los derechos de Rafael Ramírez, ésta podría desencadenar una reacción adversa en los procedimientos arbitrales que cursan en la actualidad, en los inversionistas, en todos aquellos países a los cuales puede acudir la República para el intercambio de crédito y, en fin, en los diversos actos relacionados con esta materia que interesan a la nación, a diversos Estados y a la Región, tomando en cuenta la trascendencia de Pdvsa en el orden económico, social y constitucional.

 

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