TSJ confirmó prohibición de salida del país para directivos de El Nacional

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La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirmó la prohibición de salida del país para 14 integrantes de la junta directiva de El Nacional, según se desprende de la sentencia Nº 796. Dicha sentencia fue anunciada el pasado 19 de agosto en el sitio web del TSJ, pero se pudo tener acceso al texto la semana pasada.

Esta decisión del máximo tribunal del país, redactada por su presidenta Gladis Gutiérrez, está enmarcada en la demanda que entabló el diputado Diosdado Cabello contra el mencionado periódico; al que acusó de difamarlo de manera continua con una serie de reportajes donde lo presentan como un narcotraficante.

Los trabajos periodísticos fueron publicados entre el 27 y 30 de enero de 2015 tanto por El Nacional como en Tal Cual y La Patilla. Dichos medios reprodujeron a su vez los reportajes publicados por el diario ABC de España con declaraciones de Leamsy Salazar, ex jefe de seguridad de Cabello y quien huyó a Estados Unidos donde ahora es un testigo protegido de la Agencia Antidrogas.

Cabello demandó a los medios venezolanos que se hicieron eco de tales acusaciones. La acusación privada del diputado fue tramitada ante el Tribunal 12º de Juicio de Caracas que acordó admitirla el 5 de mayo de 2015, según expediente Nº 121-891-15. 

Allí consta que los directivos de los mencionados medios de comunicación fueron imputados por la presunta comisión del delito de difamación agravada y continuada. Además se les prohibió salir del país y la obligación de presentarse ante el citado Tribunal cada ocho días.

El apelante. Ramón José Medina, ex diputado de Primero Justicia, apeló la imputación, alegando que para la fecha cuando se publicaron los reportajes presuntamente difamatorios, ya él no formaba parte de la directiva de El Nacional. Por lo tanto solicitó anular la medida tras considerarla “inconstitucional, ilegal e injusta”.

Tales planteamientos fueron declarados sin lugar por la sala 3 de la Corte de Apelaciones de Caracas el 20 de octubre de 2015. Los jueces le dijeron que esa prueba donde se aclara su condición de no accionista del diario El Nacional debió debatirla en el tribunal de primera instancia y no ante un tribunal colegiado como la Corte de Apelaciones.

Al ser rebotado en la Corte de Apelaciones, Medina interpuso en abril de 2016 un recurso de amparo ante la Sala Constitucional del TSJ. Argumento que se le violó el derecho a la defensa porque el Tribunal 12º de Juicio dictó la prohibición de salida del país “sin previa notificación”.

En la Sala Constitucional le declararon inadmisible el recurso de amparo porque lo tramitó “erróneamente”.  Los magistrados le respondieron que antes de proceder con el amparo debió agotar otras vías para atacar las medidas impuestas a él con ocasión de la demanda interpuesta por Diosdado Cabello.

 “El ciudadano Ramón José Medina Simancas tenía a su disposición una vía judicial ordinaria, a saber, la solicitud de revocación o sustitución de la medida de privación judicial preventiva de libertad, dispuesta en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal”, ejemplifican los magistrados.

Y al haber acudido a esa vía del amparo, los magistrados le recordaron al abogado y ex diputado que esa es una de las causales para declarar inadmisible un recurso de amparo.

Consultamos a magistrados de la Sala Constitucional sobre las implicaciones de la decisión y explicaron que ella también abarca a los demás directivos de El Nacional sobre los cuales pesa la prohibición de salida del país. Ellos son: Miguel Henrique Otero, Mariana Otero, Argenis Rafael Martínez Mota, José Simón Elarba Haddad, Oswaldo Karam Macía, Luis Carlos Serra Carmona, Juan Andrés Wallis Brandt, Omar José Delgado Lugo, Jorge Papatzikos Gianopulos, Vivianne de Lourdes Font Fernández, Ramón José Medina Simancas, Beatriz Cecilia De Majo de Algisi, Carmen Elena Macía Fortique, Leopoldo Eduardo López Mendoza, Ahora resta una decisión final sobre el tema de la demanda: El Nacional y otros medios difamaron si o no a Diosdado Cabello. Recientemente la Sala Penal confirmó condena de cuatro años contra David Natera, editor de El Correo del Caroní, acusado de difamar a un empresario del estado Bolívar ligado al negocio del hierro.

En el Batallón Caribe existe un “área de torturas”

protesta-en-barlovento25088517-casa-de-la-brigada-1El Ministerio Público verificó la existencia de un “área de torturas” en la quinta (ver foto) donde funciona el Batallón Caribe 323 del Ejército, comando de El Café, población mirandina situada a 20 minutos de Caucagua, donde ejecutaron a 12 reclusos y luego ocultaron sus cuerpos en dos fosas.

La mencionada “área de torturas” está descrita en un documento de 73 páginas redactadas por la fiscal 62 nacional, Eddmysalha Guillen y consignado ante el Tribunal 1° de Control de Miranda, extensión Barlovento, para solicitar que esa instancia dicte orden de aprehensión contra 11 integrantes del Batallón Caribe por ser los presuntos responsables de asesinar a 12 moradores de la región de Barlovento.

El escrito quedó signado con el número MP-527608-2016. En el capítulo titulado “De los Hechos”, la Fiscalía  recordó que el 7 de octubre pasado, los funcionarios militares del Batallón 323 Caribe, arribaron desde Maturín (Mon) y se destacaron en la población de El Café a fin de dar cumplimiento a un despliegue militar denominada “Operación Rondón”.

Los días 15, 16, 17 y 18 de octubre 2016 estos militares practicaron múltiples “detenciones arbitrarias” de personas que habitan en las localidades de Barlovento. Las detenciones se ejecutaron en el interior de las viviendas, las colas para comprar comida y  unidades de transporte público. “Todas sin orden judicial previa y sin mediar circunstancias de la comisión del delito en flagrancia”, apunta el Ministerio Público en su narración de los hechos.

Los desaparecidos. De estas múltiples detenciones, los familiares de 12 personas se trasladaron al Comando de El Café durante los días 15, 16, 17 y 18 de octubre a llevarles ropa y comida, siendo recibidas por funcionarios militares quienes a su vez le informaban que estaban detenidos por verificaciones en el Sistema de Información Policial (Sipol), a fin de constatar si tienen cuentas pendientes con la justicia.

El día 18 de octubre 2016, los militares no le recibieron más la porción de comida y vestimenta y les informaron a los familiares que el grupo de detenidos fue trasladado al Fuerte Chaguaramal, cercano a la población de Cúpira (Mir). Allí empezó el peregrinar de este grupo de familiares que concluyó el 26 de noviembre cuando desenterraron los cadáveres de dos fosas comunes.

Los cuerpos estaban desmembrados y en avanzado estado de descomposición. Al parecer murieron durante las torturas que les infringieron en el Comando de El Café, según los testimonios de los sobrevivientes recabados por el Ministerio Público. De hecho, la Fiscalía inspeccionó el mencionado Comando y constató que allí tenían dos celdas donde recluyeron a los 12 entre el 15 y 18 de Octubre.

Un cuarto grande y otro pequeño denominado por los militares “El Tigrito”. Este último solo tenía espacio para cinco personas de pie. “Allí eran llevados completamente desnudos y expuestos a bombas lacrimógenas”, describe la Fiscalía.

El Ministerio Público también verificó la existencia del área de torturas, descrita como una oficina con computadora y escritorio donde estando desnudos los reclusos, eran amarrados de ambas muñecas, ambos pies, le colocaban una media en la boca, tirraje en los ojos y los acostaban en el piso. “Echaban agua y procedían a colocar corriente. Esta actividad podría oscilar en un tiempo aproximado de dos horas con intervalos de tiempo”, acotó la Fiscalía que también colectó en ese sitio un palo de guayaba con el cual golpeaban a los presos y se partía con nada. Después de esas torturas eran llevados nuevamente a “El Tigrito”. La Fiscalía también incautó dos unidades móviles donde eran trasladados los presos para practicarles la inspección técnica y barrido.

Un presos sordomudo. Ya para el 2 de noviembre no había detenidos en el Comando de El Café. Solo estaba en esa sede un sordomudo. Las autoridades descubrieron las fosas porque el militar que enterró los cuerpos habló y admitió su participación en los hechos. Esto ocurrió el viernes 25 de noviembre 2016. El ministro de Interiores y Justicia, Néstor Reverol y el director del Cicpc, Douglas Rico, escucharon el testimonio, tras lo cual armaron un equipo para levantar los cuerpos. Estaban sepultados en el propio Comando de El Café y una arenera que queda en el sector Aragüita, vía Guatopo.

El domingo 27 de noviembre fueron llevados a la morgue de Bello Monte donde les practicaron las respectivas autopsias y luego los entregaron a sus familiares. La Fiscalía concluyó que las 12 personas fueron “ejecutadas en la simulación de un enfrentamiento que no ocurrió; lo cual compromete no solo la responsabilidad penal individual de los actuantes sino la responsabilidad estatal”.

Sin embargo, a los militares no les imputaron el delito de simulación de hecho punible, que describe los hechos descritos por Fiscalía. Y pese a que muchos cadáveres estaban picados con arma blanca, tampoco les imputó el uso de ese tipo de armamento. A los 10 militares le imputaron homicidio calificado con alevosía y motivo fútil, desaparición forzada de personas, uso indebido de arma orgánica, tortura, tratos inhumanos y violación domicilio, según comunicado enviado por el Ministerio Público el 1° de diciembre 2016.

El mea culpa de los periodistas. La desaparición de los 12 residentes de la región de Barlovento solo trascendió a los medios de comunicación después que los cadáveres fueron desenterrados el pasado 25 y 26 de noviembre 2016. Concretamente el día sábado 26, el ministro de Interiores y Justicia, Néstor Reverol Torres, leyó un comunicado frente a las cámaras de VTV informando sobre el macabro hecho. Ese mismo día en horas de la tarde el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, difundió un comunicado informando que los 12 militares fueron degradados y expulsados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).

 Al día siguiente (domingo 27), los periodistas entrevistamos en la morgue de Bello Monte a familiares de Antoni Vargas (18) y Yorman Vicente Mejía Martínez (25), dos de los doce muertos. Entre los comunicadores sociales se comentó: cómo no pudimos darnos cuenta que eso estaba pasando. El martes 29, un grupo de familiares de los asesinados, manifestó su descontento por un titular del diario Últimas Noticias donde calificaba a los fallecidos de “presuntos secuestradores”.

El miércoles 30, vecinos de El Café, cerraron la vía porque no querían que el Batallón Caribe abandonara el pueblo. En medio de la protesta, se le escuchó decir a un militar de apellido Romero: “Rojas no supo hacer el trabajo; no los supo matar”. Aludía al “trabajo” del teniente coronel del Ejército, José Rojas Córdova, el militar de más alta jerarquía entre los 10 imputados y quien dirigió la “Operación Rondón”.

El viernes 2 de diciembre Últimas Noticias publicó un reportaje con el testimonio de Neisa Vaamonde, quien aseguró que su hijo Dennis Antonio Acevedo Vaamonde (30), murió degollado.

 Al cierre de este reportaje (5-12-16) faltaban dos funcionarios castrenses por presentar ante el Tribunal 1° de Control de Miranda: el mayor Luis Eduardo Romero Arcia y el capitán Eduardo Contreras. También seguían desaparecidos cinco jóvenes de la región de Barlovento, según cifras del defensor del pueblo, Tarek Willian Saab.