Fiscalía ordenó archivar expediente de corrupción en Corpoelec

.nervis villalobos

El Ministerio Público desistió de investigar a dos ex altos funcionarios del Gobierno previamente imputados por corrupción en el sistema eléctrico nacional. Como consecuencia de ello, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ordenó archivar el expediente abierto contra Javier Alvarado Ochoa, ex viceministro del Ministerio de Energía y Petróleo, según se lee en la sentencia N° 002 del 13-2-17.

La investigación penal fue iniciada el 30 de marzo de 2015 por la Fiscalía 25° Nacional a raíz de una denuncia interpuesta por Incary Guerra Torres, Gerente Nacional de Litigio de Corpoelec. En concreto denunció presuntos hechos de corrupción relacionados con el pago de comisiones en divisas para la contratación de empresas españolas que ejecutarían la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado (Planta Termo Centro) ubicada en los Valles del Tuy (Mir). Tal contratación se realizó durante la gestión de Nervis Gerardo Villalobos.

“La empresa española Duro Felguera pagó un total de 50 millones de dólares al mencionado funcionarios por concepto de comisiones, hechos que actualmente se investigan en el país europeo por presunta legitimación de capitales”, dijo el denunciante al Ministerio Público.

Pero al pasar año y medio de investigaciones, específicamente el 25 de julio de 2016, el Ministerio Público, denunció ante la Sala Penal del TSJ irregularidades en la tramitación de la orden de aprehensión solicitada contra los dos altos funcionarios del Ministerio de Energía y Petróleo.

Específicamente denunciaron que la Sala 3 de la Corte de Apelaciones de Caracas dejó sin efecto la privativa de libertad dictada el 23-4-15 contra Villalobos y Ochoa así como la congelación de sus bienes. Ya antes otra instancia (el Tribunal 37 de Control de Caracas) había favorecido a los funcionarios investigados con una medida similar.

La vuelta atrás. A los fiscales no les cabe en la cabeza y así se lo hicieron saber al TSJ que un tribunal del país favorezca a personas procesadas por corrupción, toda vez que dichos delitos “son considerados de Lesa Patria….más cuando se trata de la investigación sobre hechos que pudieran haber contribuido en causar las actuales medidas de racionamiento eléctrico a lo largo de nuestra nación”.

Alegaron que la Sala Constitucional ha dicho en varias sentencias que está prohibido otorgar medidas cautelares sustitutivas de libertad “a aquellos imputados por la comisión de delitos relacionados con el patrimonio público”, entre otros.

En consecuencia, el Ministerio Público solicitó a la Sala Penal que se avocara y restableciera la orden de aprehensión contra Nervis Villalobos y Javier Ochoa, así como la prohibición de, bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias. Ambos ex funcionarios están imputados por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, legitimación de capitales y asociación.

Sin embargo,  al mes siguiente de toda esa denuncia el mismo Ministerio Público se echó para atrás. Y es así que el 5 de agosto de 2016, la secretaría de la Sala Penal recibió un escrito “donde la representación del Ministerio Público, alegó abandonar el ejercicio de esa figura del avocamiento”, según quedó asentado en la sentencia.

El escrito del Ministerio Público no sobrepasa las 25 líneas. No abunda en el por qué desisten de proseguir con la investigación penal emprendida contra el ex presidente de Corpoelec y el ex viceministro. Solo se remiten a exponer el sustento legal que respalda la decisión.

“Tal desistimiento se efectúa conforme a lo estatuido en el artículo 431 del Código Orgánico Procesal Penal, norma ésta de carácter general de la que se extrae que es perfectamente permisible el desistimiento, el cual se sustenta en la pérdida de interés actual del Ministerio Público en el avocamiento requerido”, dicen los representantes de la Fiscalía General quienes finalmente formulan una petición final para dar por cerrado el caso.

“Por tal motivo se solicita que una vez emitido el pronunciamiento que corresponda, se proceda al archivo del expediente”, indican.

Archivado. Los magistrados de la Sala Penal evalúan el asunto y concluyen que la petición del Ministerio Público “se encuentra ajustada a derecho” y en consecuencia le dan el visto bueno en su sesión del 13 de febrero del 2017.

Otra Sala del máximo tribunal del país se había adelantado y emitido una decisión similar a la tomada por los magistrados de la Penal. Se trata de la Sala Constitucional, cuyos magistrados reunidos el 9 de diciembre de 2016, también convalidaron la petición del Ministerio Público de dejar sin efecto un recurso de amparo que buscaba restablecer la orden de aprehensión contra Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa.

Dicha acción fue interpuesta el 2 de agosto de 2016 por los mismos fiscales que accionaron ante la Sala Penal: Dayiso Fernándo Rodríguez Arriechi e Ivanna Nazareth González; fiscal provisorio el primero y auxiliar 93° la segunda, a nivel nacional en materia contra la corrupción.

De los siete magistrados de la Sala Constitucional, dos salvaron su voto en esa decisión. Carmen Zuleta de Merchán y Luis Fernando Damiani Bustillos. Para la magistrada Carmen Zuleta, la Sala Constitucional no debió avalar la petición del Ministerio Público de dejar sin efecto las denuncias vertidas contra la investigación seguido a Nervis Villalobos y Javier Ochoa, porque “los delitos objeto del proceso penal no permiten el enjuiciamiento en libertad, conforme con lo señalado en el parágrafo único del artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal”.

Zuleta de Merchán advierte a sus colegas que la decisión tomada por la mayoría contradice flagrantemente la ley y con ello “se fomenta la impunidad de los delitos contra el Fisco Nacional”.

Por su parte el magistrado Damiani Bustillos pone el acento en un hecho curioso como lo es el rápido cambio de opinión del Ministerio Público respecto a los ex funcionarios investigados. Apunta Damiani Bustillos que la Fiscalía ejerció el amparo contra la decisión que anuló la orden de aprehensión contra los presuntos corruptos emitida el 2 de agosto por la Sala 3 de la Corte de Apelaciones de Caracas. “Y la propia parte accionante (Ministerio Público) desistió tan solo tres días después, esto es el 5 de agosto de 2016, sin que pueda evidenciarse del texto del fallo que en ese periodo hayan cambiado los términos del fallo impugnado”, acota el magistrado quien sospecha que con la decisión de sus colegas de Sala Constitucional se están afectado las buenas costumbres y valores que inspiran el ordenamiento jurídico para favorecer “los intereses particulares de los imputados”

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