Luisa Ortega Díaz quiere ver a Maikel Moreno en la Corte Penal Internacional

Maikel MorenoEl enfrentamiento entre la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), prosigue. Comenzó el viernes 31 de marzo del 2017 cuando Ortega Díaz denunció la ruptura del hilo constitucional debido a dos sentencias emitidas por la Sala Constitucional y que posteriormente fueron aclaradas por sus magistrados. De esa fecha a este domingo 2 de julio pasan de 80 los muertos productos de las protestas antigobierno impulsadas por la oposición quien a su vez se inspira en lo denunciado por la Fiscal. “Las protestas son para hacer cumplir la Constitución”, repiten los líderes de la MUD.

Y como se le ha hecho cuesta arriba llevar alcanzar ese cometido, la Fiscal General, presuntamente está preparando un conjunto de documentos para consignarlos ante la Corte Penal Internacional que queda en La Haya, Holanda. Hasta allá llevara una solicitud para enjuiciar entre otros, al actual presidente del TSJ, magistrado Maikel Moreno, cuentan fuentes cercanas al Ministerio Público. Ortega Díaz acusará a Moreno de “graves violaciones a los derechos humanos”, por ser la cabeza de un Poder desde donde –en criterio de la Fiscal- se ha tratado de cambiar “la forma republicana que se ha dado la nación”. Con igual argumento Ortega Díaz solicitó el 13-6-17 a la Sala Plena autorización para iniciar un juicio contra los magistrados principales Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Calixto Ortega, Luis Damiani Bustillos, Lourdes Anderson y los suplentes Fderico Fuenmayor y René Degraves. Todos de la Sala Constitucional. A los tres días, es decir, el viernes 16-6-17, la Sala Plena rechazó el petitorio de Luisa Ortega Díaz.

En esa ocasión le respondieron que “la actividad juzgadora solo puede ser impugnable por los medios establecidos en la Constitución y las leyes”. Y que las dos sentencias de la Sala Constitucional denunciadas por Ortega Díaz como “rompedoras” del hilo constitucional, “fueron producidas en pleno uso de sus facultades constitucionales, lo cual de por si no constituye delito”.

El voto de Marisela Godoy. En resumen, los magistrados rechazaron que la Fiscal General pretenda con ese antejuicio de mérito “criminalizar las decisiones judiciales”, del máximo tribunal del país. En similares términos se pronunció la magistrada Marisela Godoy, quien pese a haber salvado el voto cuando desecharon el antejuicio planteado por Ortega Díaz, rechazó la forma como ésta trató a los magistrados de la Sala Constitucional. “Aceptar que un juez es reo de derecho por alguna sentencia que emita atinente a la causa que le es encomendada y a consecuencia de ello debe ser tratado como delincuente, más que una grosería, resulta una aberración”, dice la magistrada Godoy en su voto salvado. A Godoy se le ha vinculado con sectores de oposición; incluso manifestó públicamente su apoyo a Ortega Díaz cuando ésta llamó a desconocer la Asamblea Constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro. “No pretende aquí quien disiente dejar abierta una brecha para futuras solicitudes de antejuicio de mérito por retaliaciones o hechos oscuros en contra de los administradores de justicia en general”, indicó la mencionada magistrada.

Error inexcusable. Pero la pugna Ortega Díaz-TSJ tuvo un pico alto el 20-6-17, día en que la Sala Plena admitió una solicitud del diputado Pedro Carreño (Psuv) para que se enjuicie a la Fiscal General por faltas graves. Carreño sostuvo que la titular del Ministerio Público ha sido negligente en sus funciones, sus actos atentan contra la respetabilidad del Poder Ciudadano y ha producido decisiones donde incurre “en grave e inexcusable error, reconocido en sentencia”.

Sobre ese último punto, la Fiscal General ha dicho que el error inexcusable solamente lo pueden cometer los jueces, no así los fiscales. Sin embargo, los magistrados le recordaron que ello no es así, porque la Ley Orgánica del Ministerio Público contempla la posibilidad de que la Fiscal General incurra en error inexcusable. De hecho, en la sentencia que despacha el antejuicio contra los magistrados de la Sala Constitucional, se dice claramente que “la Fiscal General  actuó con inexcusable ignorancia de la Constitución, de la Ley y del derecho, advirtiendo que tal accionar la hace incurrir en el supuesto señalado en el artículo 23 (numeral 2) de la Ley del Ministerio Público”.

El escrito contra el magistrado Maikel Moreno y otros altos funcionarios del Estado, presuntamente está siendo preparado por un grupo de abogados (Parra Saluzzo, entre ellos) que a su vez son quienes asesoran a los gerentes de Pdvsa. Ortega Díaz haría la denuncia ante la Corte Penal Internacional a título personal, porque la acción ante esa instancia debe ser autorizada por el Estado, explicó un experto en la materia. “Son los Estados quienes suscriben esos pactos; la denuncia allí es un acto de Estado”, acotó el experto quien aclaró que para los particulares se sigue otro protocolo.

La lista que Ortega Díaz llevará ante la Corte también incluye a Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y quien fue citado por el Ministerio Público para ser imputado por graves violaciones a los derechos humanos. Está por verse si la imputación prospera, debido a que el presidente Nicolás Maduro, ascendió a General en Jefa a González López, jerarquía que le da inmunidad, en opinión de abogados. Es decir, para iniciarle un proceso penal a González López, la Fiscal tendría que pedir la autorización del TSJ. Pero el razonamiento ante la Corte Penal Internacional es: “no conseguí justicia dentro, por eso, recurro a ustedes”. Así lo graficaron fuentes cercanas al despacho de la Fiscal General.

La audiencia. Para el próximo 4-7-17, la Sala Plena (32 magistrados) recibirá a Ortega Díaz. Ese día fijaron la audiencia del antejuicio de mérito aprobado en su contra. Allí tendrá la oportunidad de defenderse respecto a las faltas graves que le imputa el diputado Carreño. Una de ellas, es haber dicho públicamente que no firmó el acta donde el Poder Ciudadano avaló la escogencia de 13 magistrados principales y 20 suplentes, designados por la Asamblea Nacional en diciembre de 2015. En la audiencia estará presente tanto Carreño como Tarek William Saab, éste último en su condición de presidente del Consejo Moral Republicano. Al concluir la audiencia, la Sala Plena tiene cinco días para declarar si hay o no méritos para enjuiciar a la Fiscal General. Según el artículo 380 del Código Orgánico Procesal penal, declarada la existencia de mérito “el funcionario quedará suspendido e inhabilitado para ejercer cualquier cargo público”.

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