El avión de la Fiscalía: Nuevo “impasse” Luisa Ortega Díaz-Sala Constitucional

El Poder Judicial debate actualmente sobre un avión que está bajo custodia del Ministerio Público tras haber sido incautado porque presuntamente es un bien adquirido con dineros no muy santos. Desde hace tres años es el avión de uso particular de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, según fuentes del propio Ministerio Público. La aeronave marca King Air 300, Bech Aicraft, se encuentra bajo la figura de “administración especial” de Ortega Díaz desde el 7 de Mayo de 2014. De hecho hay un acta firmada (ver imagen) entre la titular del Ministerio Público y Gyoris Sthephan Guzmán Valdéz, el entonces director de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Guzmán Valdez realizó el convenio por instrucciones de su jefe, el ministro Miguel Rodríguez Torres.

Dicho documento señala que el Tribunal 1° de Control de Miranda, extensión Valles del Tuy ordenó el 9 de abril de 2014 la incautación de la aeronave debido a una investigación abierta por el Ministerio Público. La última cláusula del convenio suscrito entre la Fiscalía y el órgano gubernamental, señala que “cuando así lo requiera, la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada o cuando el órgano jurisdiccional le ordene la devolución del bien, esta podrá en cualquier momento y sin previa notificación dar por terminada la administración especial conferida…”.

Precisamente el 24 de noviembre de 2015, el Tribunal 1° de Juicio de Miranda, extensión Valles del Tuy, acordó dejar sin efecto (levantar) la medida de medida de aseguramiento del avión King Air 300 y que se procediera a suspender las operaciones aéreas a nivel nacional de la mencionada aeronave hasta tanto se materialice su devolución efectiva a su “real propietario”, según se lee en el expediente MP21-P-2013-015903. Tal decisión le fue informada al Ministerio Público el mismo 24 de noviembre de 2015, según oficio N° 1746/2015.

Pero como el Ministerio Público desacató lo ordenado por el Tribunal, el juez Jesús Eduardo Rodríguez, remitió otros dos oficios a la Fiscalía (el 836/2016 y el 1659/2016) recordándole que debía entregar el avión para posteriormente retornárselo a su dueño, esto es, la Sociedad Mercantil Delta Sierra 2012, C.A.

Agotadas las gestiones por parte del Tribunal 1° de Control de Miranda, le tocó diligenciar a la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada, ente que le cedió el avión al Ministerio Público. Y para recuperarlo y entregarlo a sus dueños, el jefe de la citada Oficina, Randy Rodríguez Espinoza, le envió un oficio a Roberto Acosta Garrido, director general contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público en donde le pregunta si su despacho se opone a la devolución del avión y en tal sentido “se sirva informar si interpuso recurso de apelación en contra de la decisión dictada por el Tribunal 1° de Juicio”. La comunicación está fechada del 21 de marzo 2017 e identificada con el N° 0225. La recibieron en la Fiscalía a las 2 pm, según se observa en el sello húmedo.

Mudos. El oficio no fue respondido por el Ministerio Público. Y a los dos meses, concretamente el 19 de mayo de 2017, la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada realizó la entrega formal de la aeronave al abogado David Guiñan García, en su carácter de apoderado de la Sociedad Mercantil Inversiones Delta Sierra 2012, C.A. El acta de devolución quedó identificada como SEB-DCJ-011-17. Pero ese mismo 19 de mayo, la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada recibió el oficio N° DCD-17-0560 por parte de la directora Contra Drogas del Ministerio Público, Marisela de Abreu Rodríguez, en el cual informa que la Fiscalía “ejerció acto de amparo contra la decisión proferida por la Corte de Apelaciones de Miranda en la cual se acordó la devolución de la aeronave”. También informó Abreu de Rodríguez que “se procedió a la imputación de los solicitantes del bien por la presunta comisión del delito de legitimación de capitales”.

Ratificar la devolución del avión a sus dueños tal como lo ordenó la Corte de Apelaciones de Miranda o dejarlo en manos del Ministerio Público es lo que debe decidir la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, según explicó uno de sus integrantes. Una decisión que presagia a todas luces un nuevo capítulo en la pugna que inicio Luisa Ortega Díaz el pasado 31 de marzo 2017 contra la Sala Constitucional a quien acusó de haber sido factor fundamental “en la ruptura del hilo constitucional” y de traer inseguridad jurídica al país, según sus palabras.

Lo cierto es que la Sala ya tiene el expediente en sus manos, una de cuyas piezas es la “caja negra” donde guardan las rutas recorridas por el mundo que ha dado en tres años la aeronave. Revelar la identidad de los “encolados”, traería un nuevo “impasse” entre la Fiscal General y la Sala Constitucional.

La angina de pecho de Luisa Ortega Díaz

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El miércoles 29 de marzo (2017) a las 5 de la tarde llegó al Palacio de Miraflores un sobre amarillo con la sentencia número 156 emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Otros sobres con igual contenido fueron remitidos ese mismo miércoles a la Fiscal General y a la Cancillería, tal como lo ordenaba la Sala.

El punto 4.4 de ese fallo despojaba al parlamento de sus competencias, hasta tanto persistiera su renuencia a cumplir las sentencias de la Sala Electoral que le ordenaba desincorporar a tres diputados de Amazonas, cuya elección es investigada. Entrada la noche el presidente Nicolás Maduro abrió el sobre y ojeó la sentencia firmada por los siete magistrados, pero no atribuible a ninguno. Era una ponencia conjunta.

Dicen testigos que cuando Maduro leyó el punto 4.4 del dispositivo “….esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias…”) se comunicó de inmediato con el presidente del TSJ, magistrado Maikel Moreno para manifestarle su asombro por lo dispuesto en la sentencia. “Aquí la Asamblea no está disuelta, está en desacato”, le inquirió el Jefe de Estado. Moreno le habría confesado al Presidente que él no había leído esa sentencia ni se la consultaron antes de aprobarla.

En virtud del lo conversado con el Jefe de Estado, Moreno salió del Palacio y se reunió con los siete integrantes de la Sala Constitucional para transmitirles la preocupación del Presidente de la República. El recién estrenado presidente del TSJ reclamó duramente al magistrado Juan Mendoza el por qué no le había comentado lo de la polémica sentencia. “Mi alma él dijo que eso estaba requeteconsultado”, exclamó en tono maracucho el magistrado Calixto Ortega. “Yo se la entregué al Consultor Jurídico de Miraflores, Elvis Amoroso”, fue lo único que respondió Juan Mendoza, presidente de la Sala Constitucional quien dio a entender con eso era suficiente.

Los magistrados se retiraron y acordaron emitir una aclaratoria esa misma noche del miércoles. A esas horas, aun la opinión pública no conocía el contenido de la sentencia original ni mucho menos su aclaratoria. La página web del TSJ salió de circulación esa noche bajo la excusa que hasta ahora se lee como “Sitio en Mantenimiento”. Al ser informado sobre ese percance técnico, el magistrado Moreno transmitió la novedad a los organismos de inteligencia, que enviaron sus técnicos para solventar el “hackeo”.

El cuerpo diplomático. Avanzada la noche del miércoles ya casi para amanecer el jueves, el primer mandatario se comunicó con la canciller Delcy Rodríguez para ponerla al tanto de lo ocurrido. Le ordenó que antes que estallara el escándalo, se reuniera con el cuerpo diplomático para explicarle en detalles la sentencia y su aclaratoria.

Pensaron que lo mejor era celebrar ese encuentro en la sede del Tribunal Supremo de Justicia para que los embajadores escucharan la explicación de viva voz del magistrado Juan Mendoza, presidente de la Sala Constitucional. Es así que el encuentro fue convocado para las 3 pm del viernes 31 de marzo 2017. Y a las 5 pm darían una rueda de prensa conjunta entre la canciller Rodríguez y junta directiva del máximo tribunal del país.

Todo estaba listo, hasta que a las 10:41 del viernes 31, la fiscal general Luisa Ortega Díaz dijo que con esas sentencias (155 y 156) de la Sala Constitucional se había producido la ruptura del hilo constitucional. La frase estaba en el párrafo final de un discurso que leyó frente a los periodistas sentados en el auditorio principal del Ministerio Público quienes fueron convocados para escuchar el balance de gestión correspondiente al año 2016.

Por ley, dicho informe debía presentarlo ante la Asamblea Nacional, pero “debido a la pugna, prefiero presentarlo ante el pueblo”, según palabras de Ortega Díaz en los minutos iniciales del evento. Esa “rueda de prensa” de la Fiscal estaba pautada para el martes 28 de marzo (2017), pero el Ministerio de Comunicación revocó esa actividad.

Los aplaudidores. Al hacer tamaña denuncia (ruptura del hilo), los directores de línea que le acompañaban en el escenario central, se pusieron de pie para aplaudirla. En las imágenes se observó que la vice fiscal Alix Boscan y la consultora jurídica, Mercedes Prieto, sentadas en primera fila, se pararon de sus asientos pero no aplaudieron. En algún momento del discurso, Ortega Díaz lanzó un besito a su esposo que estaba en el auditorio.

Lo cierto es que las declaraciones de la Fiscal General, provocaron que la junta directiva del TSJ suspendiera el evento con el cuerpo diplomático. Dicen los testigos, que originalmente pensaron proseguir con el programa; es decir, celebrar la reunión con los embajadores y leer un comunicado ya pronunciándose respecto a lo dicho por la Fiscal General.

En ese sentido elaboraron el comunicado con un párrafo que decía:  “Asimismo, exhortamos a los máximos representantes de los Poderes Públicos del Estado, en especial a aquellos que conforman el Sistema de Justicia, a ser comedidos en la exposición de sus planteamientos jurídicos, evitando emitir afirmaciones apresuradas que puedan perturbar la paz ciudadana”. Pero la idea fue descartada y el evento se concretó el día sábado 1° de abril 2017.

El soponcio de la Fiscal. Abortada la reunión con los embajadores, el Presidente de la República activó ese mismo viernes el Consejo de Seguridad de la Nación para dirimir la controversia surgida entre la Fiscal General y el TSJ. A esa instancia fue invitada de manera especial, la titular del Ministerio Público. Cuentan que se excusó porque estaba en una clínica atendiéndose un dolor en el pecho. Al parecer era una angina de pecho (obstrucción de las arterias) que le sobrevino en horas de la tarde, después que habló del rompimiento del orden constitucional. En vista de ello, Maduro envió a Jorge Rodríguez como emisario.

Al regresar a Miraflores, el alcalde de Caracas, contó que ciertamente la Fiscal General tenía una alteración en su sistema circulatorio, de acuerdo al testimonio escuchado. En consideración a ese cuadro, durante la sesión del Consejo de Seguridad de la Nación, que se prolongó hasta pasadas las 12 de la noche, se mantuvo una comunicación constante con Ortega Díaz para efectos de la redacción del comunicado final leído en cadena de radio y televisión por el vicepresidente Tarek El Aissami.  Mientras, en predios del Ministerio Público se le oyó decir a Germán Ferrer: “Diosdado cree que la Fiscalía es una de sus trincheras, pero está equivocado”. Según testigos.

Fiscalía ordenó archivar expediente de corrupción en Corpoelec

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El Ministerio Público desistió de investigar a dos ex altos funcionarios del Gobierno previamente imputados por corrupción en el sistema eléctrico nacional. Como consecuencia de ello, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ordenó archivar el expediente abierto contra Javier Alvarado Ochoa, ex viceministro del Ministerio de Energía y Petróleo, según se lee en la sentencia N° 002 del 13-2-17.

La investigación penal fue iniciada el 30 de marzo de 2015 por la Fiscalía 25° Nacional a raíz de una denuncia interpuesta por Incary Guerra Torres, Gerente Nacional de Litigio de Corpoelec. En concreto denunció presuntos hechos de corrupción relacionados con el pago de comisiones en divisas para la contratación de empresas españolas que ejecutarían la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado (Planta Termo Centro) ubicada en los Valles del Tuy (Mir). Tal contratación se realizó durante la gestión de Nervis Gerardo Villalobos.

“La empresa española Duro Felguera pagó un total de 50 millones de dólares al mencionado funcionarios por concepto de comisiones, hechos que actualmente se investigan en el país europeo por presunta legitimación de capitales”, dijo el denunciante al Ministerio Público.

Pero al pasar año y medio de investigaciones, específicamente el 25 de julio de 2016, el Ministerio Público, denunció ante la Sala Penal del TSJ irregularidades en la tramitación de la orden de aprehensión solicitada contra los dos altos funcionarios del Ministerio de Energía y Petróleo.

Específicamente denunciaron que la Sala 3 de la Corte de Apelaciones de Caracas dejó sin efecto la privativa de libertad dictada el 23-4-15 contra Villalobos y Ochoa así como la congelación de sus bienes. Ya antes otra instancia (el Tribunal 37 de Control de Caracas) había favorecido a los funcionarios investigados con una medida similar.

La vuelta atrás. A los fiscales no les cabe en la cabeza y así se lo hicieron saber al TSJ que un tribunal del país favorezca a personas procesadas por corrupción, toda vez que dichos delitos “son considerados de Lesa Patria….más cuando se trata de la investigación sobre hechos que pudieran haber contribuido en causar las actuales medidas de racionamiento eléctrico a lo largo de nuestra nación”.

Alegaron que la Sala Constitucional ha dicho en varias sentencias que está prohibido otorgar medidas cautelares sustitutivas de libertad “a aquellos imputados por la comisión de delitos relacionados con el patrimonio público”, entre otros.

En consecuencia, el Ministerio Público solicitó a la Sala Penal que se avocara y restableciera la orden de aprehensión contra Nervis Villalobos y Javier Ochoa, así como la prohibición de, bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias. Ambos ex funcionarios están imputados por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, legitimación de capitales y asociación.

Sin embargo,  al mes siguiente de toda esa denuncia el mismo Ministerio Público se echó para atrás. Y es así que el 5 de agosto de 2016, la secretaría de la Sala Penal recibió un escrito “donde la representación del Ministerio Público, alegó abandonar el ejercicio de esa figura del avocamiento”, según quedó asentado en la sentencia.

El escrito del Ministerio Público no sobrepasa las 25 líneas. No abunda en el por qué desisten de proseguir con la investigación penal emprendida contra el ex presidente de Corpoelec y el ex viceministro. Solo se remiten a exponer el sustento legal que respalda la decisión.

“Tal desistimiento se efectúa conforme a lo estatuido en el artículo 431 del Código Orgánico Procesal Penal, norma ésta de carácter general de la que se extrae que es perfectamente permisible el desistimiento, el cual se sustenta en la pérdida de interés actual del Ministerio Público en el avocamiento requerido”, dicen los representantes de la Fiscalía General quienes finalmente formulan una petición final para dar por cerrado el caso.

“Por tal motivo se solicita que una vez emitido el pronunciamiento que corresponda, se proceda al archivo del expediente”, indican.

Archivado. Los magistrados de la Sala Penal evalúan el asunto y concluyen que la petición del Ministerio Público “se encuentra ajustada a derecho” y en consecuencia le dan el visto bueno en su sesión del 13 de febrero del 2017.

Otra Sala del máximo tribunal del país se había adelantado y emitido una decisión similar a la tomada por los magistrados de la Penal. Se trata de la Sala Constitucional, cuyos magistrados reunidos el 9 de diciembre de 2016, también convalidaron la petición del Ministerio Público de dejar sin efecto un recurso de amparo que buscaba restablecer la orden de aprehensión contra Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa.

Dicha acción fue interpuesta el 2 de agosto de 2016 por los mismos fiscales que accionaron ante la Sala Penal: Dayiso Fernándo Rodríguez Arriechi e Ivanna Nazareth González; fiscal provisorio el primero y auxiliar 93° la segunda, a nivel nacional en materia contra la corrupción.

De los siete magistrados de la Sala Constitucional, dos salvaron su voto en esa decisión. Carmen Zuleta de Merchán y Luis Fernando Damiani Bustillos. Para la magistrada Carmen Zuleta, la Sala Constitucional no debió avalar la petición del Ministerio Público de dejar sin efecto las denuncias vertidas contra la investigación seguido a Nervis Villalobos y Javier Ochoa, porque “los delitos objeto del proceso penal no permiten el enjuiciamiento en libertad, conforme con lo señalado en el parágrafo único del artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal”.

Zuleta de Merchán advierte a sus colegas que la decisión tomada por la mayoría contradice flagrantemente la ley y con ello “se fomenta la impunidad de los delitos contra el Fisco Nacional”.

Por su parte el magistrado Damiani Bustillos pone el acento en un hecho curioso como lo es el rápido cambio de opinión del Ministerio Público respecto a los ex funcionarios investigados. Apunta Damiani Bustillos que la Fiscalía ejerció el amparo contra la decisión que anuló la orden de aprehensión contra los presuntos corruptos emitida el 2 de agosto por la Sala 3 de la Corte de Apelaciones de Caracas. “Y la propia parte accionante (Ministerio Público) desistió tan solo tres días después, esto es el 5 de agosto de 2016, sin que pueda evidenciarse del texto del fallo que en ese periodo hayan cambiado los términos del fallo impugnado”, acota el magistrado quien sospecha que con la decisión de sus colegas de Sala Constitucional se están afectado las buenas costumbres y valores que inspiran el ordenamiento jurídico para favorecer “los intereses particulares de los imputados”

TSJ confirmó prohibición de salida del país para directivos de El Nacional

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La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirmó la prohibición de salida del país para 14 integrantes de la junta directiva de El Nacional, según se desprende de la sentencia Nº 796. Dicha sentencia fue anunciada el pasado 19 de agosto en el sitio web del TSJ, pero se pudo tener acceso al texto la semana pasada.

Esta decisión del máximo tribunal del país, redactada por su presidenta Gladis Gutiérrez, está enmarcada en la demanda que entabló el diputado Diosdado Cabello contra el mencionado periódico; al que acusó de difamarlo de manera continua con una serie de reportajes donde lo presentan como un narcotraficante.

Los trabajos periodísticos fueron publicados entre el 27 y 30 de enero de 2015 tanto por El Nacional como en Tal Cual y La Patilla. Dichos medios reprodujeron a su vez los reportajes publicados por el diario ABC de España con declaraciones de Leamsy Salazar, ex jefe de seguridad de Cabello y quien huyó a Estados Unidos donde ahora es un testigo protegido de la Agencia Antidrogas.

Cabello demandó a los medios venezolanos que se hicieron eco de tales acusaciones. La acusación privada del diputado fue tramitada ante el Tribunal 12º de Juicio de Caracas que acordó admitirla el 5 de mayo de 2015, según expediente Nº 121-891-15. 

Allí consta que los directivos de los mencionados medios de comunicación fueron imputados por la presunta comisión del delito de difamación agravada y continuada. Además se les prohibió salir del país y la obligación de presentarse ante el citado Tribunal cada ocho días.

El apelante. Ramón José Medina, ex diputado de Primero Justicia, apeló la imputación, alegando que para la fecha cuando se publicaron los reportajes presuntamente difamatorios, ya él no formaba parte de la directiva de El Nacional. Por lo tanto solicitó anular la medida tras considerarla “inconstitucional, ilegal e injusta”.

Tales planteamientos fueron declarados sin lugar por la sala 3 de la Corte de Apelaciones de Caracas el 20 de octubre de 2015. Los jueces le dijeron que esa prueba donde se aclara su condición de no accionista del diario El Nacional debió debatirla en el tribunal de primera instancia y no ante un tribunal colegiado como la Corte de Apelaciones.

Al ser rebotado en la Corte de Apelaciones, Medina interpuso en abril de 2016 un recurso de amparo ante la Sala Constitucional del TSJ. Argumento que se le violó el derecho a la defensa porque el Tribunal 12º de Juicio dictó la prohibición de salida del país “sin previa notificación”.

En la Sala Constitucional le declararon inadmisible el recurso de amparo porque lo tramitó “erróneamente”.  Los magistrados le respondieron que antes de proceder con el amparo debió agotar otras vías para atacar las medidas impuestas a él con ocasión de la demanda interpuesta por Diosdado Cabello.

 “El ciudadano Ramón José Medina Simancas tenía a su disposición una vía judicial ordinaria, a saber, la solicitud de revocación o sustitución de la medida de privación judicial preventiva de libertad, dispuesta en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal”, ejemplifican los magistrados.

Y al haber acudido a esa vía del amparo, los magistrados le recordaron al abogado y ex diputado que esa es una de las causales para declarar inadmisible un recurso de amparo.

Consultamos a magistrados de la Sala Constitucional sobre las implicaciones de la decisión y explicaron que ella también abarca a los demás directivos de El Nacional sobre los cuales pesa la prohibición de salida del país. Ellos son: Miguel Henrique Otero, Mariana Otero, Argenis Rafael Martínez Mota, José Simón Elarba Haddad, Oswaldo Karam Macía, Luis Carlos Serra Carmona, Juan Andrés Wallis Brandt, Omar José Delgado Lugo, Jorge Papatzikos Gianopulos, Vivianne de Lourdes Font Fernández, Ramón José Medina Simancas, Beatriz Cecilia De Majo de Algisi, Carmen Elena Macía Fortique, Leopoldo Eduardo López Mendoza, Ahora resta una decisión final sobre el tema de la demanda: El Nacional y otros medios difamaron si o no a Diosdado Cabello. Recientemente la Sala Penal confirmó condena de cuatro años contra David Natera, editor de El Correo del Caroní, acusado de difamar a un empresario del estado Bolívar ligado al negocio del hierro.

En el Batallón Caribe existe un “área de torturas”

protesta-en-barlovento25088517-casa-de-la-brigada-1El Ministerio Público verificó la existencia de un “área de torturas” en la quinta (ver foto) donde funciona el Batallón Caribe 323 del Ejército, comando de El Café, población mirandina situada a 20 minutos de Caucagua, donde ejecutaron a 12 reclusos y luego ocultaron sus cuerpos en dos fosas.

La mencionada “área de torturas” está descrita en un documento de 73 páginas redactadas por la fiscal 62 nacional, Eddmysalha Guillen y consignado ante el Tribunal 1° de Control de Miranda, extensión Barlovento, para solicitar que esa instancia dicte orden de aprehensión contra 11 integrantes del Batallón Caribe por ser los presuntos responsables de asesinar a 12 moradores de la región de Barlovento.

El escrito quedó signado con el número MP-527608-2016. En el capítulo titulado “De los Hechos”, la Fiscalía  recordó que el 7 de octubre pasado, los funcionarios militares del Batallón 323 Caribe, arribaron desde Maturín (Mon) y se destacaron en la población de El Café a fin de dar cumplimiento a un despliegue militar denominada “Operación Rondón”.

Los días 15, 16, 17 y 18 de octubre 2016 estos militares practicaron múltiples “detenciones arbitrarias” de personas que habitan en las localidades de Barlovento. Las detenciones se ejecutaron en el interior de las viviendas, las colas para comprar comida y  unidades de transporte público. “Todas sin orden judicial previa y sin mediar circunstancias de la comisión del delito en flagrancia”, apunta el Ministerio Público en su narración de los hechos.

Los desaparecidos. De estas múltiples detenciones, los familiares de 12 personas se trasladaron al Comando de El Café durante los días 15, 16, 17 y 18 de octubre a llevarles ropa y comida, siendo recibidas por funcionarios militares quienes a su vez le informaban que estaban detenidos por verificaciones en el Sistema de Información Policial (Sipol), a fin de constatar si tienen cuentas pendientes con la justicia.

El día 18 de octubre 2016, los militares no le recibieron más la porción de comida y vestimenta y les informaron a los familiares que el grupo de detenidos fue trasladado al Fuerte Chaguaramal, cercano a la población de Cúpira (Mir). Allí empezó el peregrinar de este grupo de familiares que concluyó el 26 de noviembre cuando desenterraron los cadáveres de dos fosas comunes.

Los cuerpos estaban desmembrados y en avanzado estado de descomposición. Al parecer murieron durante las torturas que les infringieron en el Comando de El Café, según los testimonios de los sobrevivientes recabados por el Ministerio Público. De hecho, la Fiscalía inspeccionó el mencionado Comando y constató que allí tenían dos celdas donde recluyeron a los 12 entre el 15 y 18 de Octubre.

Un cuarto grande y otro pequeño denominado por los militares “El Tigrito”. Este último solo tenía espacio para cinco personas de pie. “Allí eran llevados completamente desnudos y expuestos a bombas lacrimógenas”, describe la Fiscalía.

El Ministerio Público también verificó la existencia del área de torturas, descrita como una oficina con computadora y escritorio donde estando desnudos los reclusos, eran amarrados de ambas muñecas, ambos pies, le colocaban una media en la boca, tirraje en los ojos y los acostaban en el piso. “Echaban agua y procedían a colocar corriente. Esta actividad podría oscilar en un tiempo aproximado de dos horas con intervalos de tiempo”, acotó la Fiscalía que también colectó en ese sitio un palo de guayaba con el cual golpeaban a los presos y se partía con nada. Después de esas torturas eran llevados nuevamente a “El Tigrito”. La Fiscalía también incautó dos unidades móviles donde eran trasladados los presos para practicarles la inspección técnica y barrido.

Un presos sordomudo. Ya para el 2 de noviembre no había detenidos en el Comando de El Café. Solo estaba en esa sede un sordomudo. Las autoridades descubrieron las fosas porque el militar que enterró los cuerpos habló y admitió su participación en los hechos. Esto ocurrió el viernes 25 de noviembre 2016. El ministro de Interiores y Justicia, Néstor Reverol y el director del Cicpc, Douglas Rico, escucharon el testimonio, tras lo cual armaron un equipo para levantar los cuerpos. Estaban sepultados en el propio Comando de El Café y una arenera que queda en el sector Aragüita, vía Guatopo.

El domingo 27 de noviembre fueron llevados a la morgue de Bello Monte donde les practicaron las respectivas autopsias y luego los entregaron a sus familiares. La Fiscalía concluyó que las 12 personas fueron “ejecutadas en la simulación de un enfrentamiento que no ocurrió; lo cual compromete no solo la responsabilidad penal individual de los actuantes sino la responsabilidad estatal”.

Sin embargo, a los militares no les imputaron el delito de simulación de hecho punible, que describe los hechos descritos por Fiscalía. Y pese a que muchos cadáveres estaban picados con arma blanca, tampoco les imputó el uso de ese tipo de armamento. A los 10 militares le imputaron homicidio calificado con alevosía y motivo fútil, desaparición forzada de personas, uso indebido de arma orgánica, tortura, tratos inhumanos y violación domicilio, según comunicado enviado por el Ministerio Público el 1° de diciembre 2016.

El mea culpa de los periodistas. La desaparición de los 12 residentes de la región de Barlovento solo trascendió a los medios de comunicación después que los cadáveres fueron desenterrados el pasado 25 y 26 de noviembre 2016. Concretamente el día sábado 26, el ministro de Interiores y Justicia, Néstor Reverol Torres, leyó un comunicado frente a las cámaras de VTV informando sobre el macabro hecho. Ese mismo día en horas de la tarde el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, difundió un comunicado informando que los 12 militares fueron degradados y expulsados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).

 Al día siguiente (domingo 27), los periodistas entrevistamos en la morgue de Bello Monte a familiares de Antoni Vargas (18) y Yorman Vicente Mejía Martínez (25), dos de los doce muertos. Entre los comunicadores sociales se comentó: cómo no pudimos darnos cuenta que eso estaba pasando. El martes 29, un grupo de familiares de los asesinados, manifestó su descontento por un titular del diario Últimas Noticias donde calificaba a los fallecidos de “presuntos secuestradores”.

El miércoles 30, vecinos de El Café, cerraron la vía porque no querían que el Batallón Caribe abandonara el pueblo. En medio de la protesta, se le escuchó decir a un militar de apellido Romero: “Rojas no supo hacer el trabajo; no los supo matar”. Aludía al “trabajo” del teniente coronel del Ejército, José Rojas Córdova, el militar de más alta jerarquía entre los 10 imputados y quien dirigió la “Operación Rondón”.

El viernes 2 de diciembre Últimas Noticias publicó un reportaje con el testimonio de Neisa Vaamonde, quien aseguró que su hijo Dennis Antonio Acevedo Vaamonde (30), murió degollado.

 Al cierre de este reportaje (5-12-16) faltaban dos funcionarios castrenses por presentar ante el Tribunal 1° de Control de Miranda: el mayor Luis Eduardo Romero Arcia y el capitán Eduardo Contreras. También seguían desaparecidos cinco jóvenes de la región de Barlovento, según cifras del defensor del pueblo, Tarek Willian Saab.

Ex gerente de Pdvsa quería ser juzgado fuera del Zulia

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La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia negó  la petición para radicar fuera del Zulia el juicio seguido contra el ex gerente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), José Luis Parada Sánchez, según se lee en la sentencia N° 437  difundida el pasado 7 de noviembre. Parada Sánchez, quien se desempeñó como gerente general de Pdvsa Occidente, está imputado por peculado doloso propio continuado y asociación para delinquir. Estuvo recluido en el Sebin, pero le otorgaron una medida cautelar de arresto domiciliario en mayo de 2016.

Su abogada, Elizabeth Sánchez Fuentes, solicitó a la Sala Penal el 4 de abril de 2016 sacar del estado Zulia el proceso penal seguido a su cliente. Argumento que desde los inicios del proceso judicial “los medios de comunicación han jugado un papel nocivo para el efectivo desenvolvimiento de la justicia”. Denunció la paralización del juicio abierto en el Tribunal 8° de Control del Zulia bajo el número 8C-16549-15. La abogada aseguró que todos los diferimientos del juicio “han sido por falta de traslado del imputado e inasistencia del Ministerio Público”.

Al respecto la Sala Penal, en ponencia redactada por su presidente, magistrado Maikel Moreno, respondió que “no se verifica algún acontecimiento indeseable que denote la paralización indefinida del proceso”. Y en relación a la denunciada influencia “nociva” de los medios de comunicación en ese juicio, los magistrados responden que  las reseñas periodísticas que se acompañan a la solicitud de radicación “permiten determinar que efectivamente el hecho indudablemente impactó en el ánimo de la población en su momento;  pero ello no basta, pues esta perturbación debe ser permanente y vigente para que constituya realmente una amenaza apremiante”.

Aunado a lo expuesto, los magistrados señalan que la abogada de Sánchez Parada presentó unos recortes de periódicos que no comprometen la imagen del sistema de administración de justicia, su honradez, legitimidad y equidad de los jueces actuantes en el expediente. Tampoco observan en la Sala Penal “la manipulación informativa tendente a producir emoción, excitación, impresión ni acusaciones de proceder erróneo, incierto o deshonra”.

La investigación penal contra Parada Sánchez se inició en mayo de 2008 a raíz de una denuncia interpuesta ante el Ministerio Público por el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros (Sinutrapetrol), la cual se basa en los siguientes hechos: 1) arrendamiento de embarcaciones entre 2005 y 2008 para las operaciones lacustres en el Lago de Maracaibo, las cuales eran innecesarias en criterio de los denunciantes ya que Pdvsa poseía una serie de embarcaciones. 2) Absorción de trabajadores que laboraban para contratistas en condición de tercerizados, desmejorando presuntamente sus condiciones. 3) Contratos por adjudicaciones directas a una empresa denominada J&R Construcciones, la cual presuntamente es propiedad de José Luis Sáez, esposo de Maerlis Méndez, supuesta secretaria de Sánchez Parada. 4) Se otorgaron presuntamente con el Comité de Licitaciones contratos por adjudicaciones directas a empresas relacionadas con el investigado. Igualmente señalan presuntos sobreprecios.

Al cierre de este reportaje (27-11-16), el sistema de justicia no había informado sobre la reanudación del juicio contra Parada Sánchez.

Polar falsificó facturas para tramitar euros

El 10 de noviembre de 2010, la entonces Comisión de Administración  de Divisas (Cadivi) le abrió un procedimiento administrativo a Cervecería Polar, C.A. porque presuntamente falsificó documentos para tramitar divisas. El relato de ese hecho delictivo está narrado en la sentencia N° AP42-G-000329-2016 (Julio de 2016) de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, la segunda instancia judicial más importante del país, después del Tribunal Supremo de Justicia.

Los abogados de Cervecería Polar C.A., Gustavo Adolfo Grau Fortoul, Miguel Mónaco Gómez y Carlos Briceño, demandaron la nulidad del proceso de investigación abierto por Cadivi. El escrito de demanda fue presentado el 12 de agosto de 2013 y el 19 de septiembre de ese año, declararon competente a la Corte Primera de lo Contencioso para conocer el asunto. El 5 de febrero de 2014 la Corte se abocó y solicitó a Cadivi el expediente. El organismo administrador de divisas envió a la Corte lo solicitado en cuatro carpetas y 553 páginas. La jueza María Eugenia Mata fue designada ponente para redactar un proyecto de sentencia. Pero el 17 de febrero de 2016 se reasignó la ponencia a la jueza María Elena Centeno Guzmán.

La información cargada en el sistema presentaba dos problemas: a) hubo un cambio de numeración y b) la identidad del usuario o importador aparecía como Pfizer de Venezuela, S.A. en lugar de Cervecería Polar. Por lo cual Cadivi presumía el forjamiento de la declaración y acta de verificación de mercancías consignada por el usuario Cervecería Polar e inició el procedimiento administrativo “por utilizar una factura comercial presuntamente duplicada”. Para Cadivi, la conducta de Polar se parecía a la descrita en el artículo 10 de la Ley contra Ilícitos Cambiarios, relativo a la “obtención de divisas mediante engaño, alegando causa falsa o valiéndose de cualquier otro medio fraudulento”.

Se trató de “un error”. Los representantes de Cervecería Polar alegaron que se trató de “un error involuntario de una funcionaria de esa Comisión”; que “ni sabían del presunto forjamiento”. Recordaron que el motivo de la solicitud sería la obtención de 32.527,21 euros para la adquisición de piezas de repuestos para maquinaria utilizada en sus procesos industriales por parte del proveedor Krones AG, ubicado en Alemania. Adujeron que la numeración de las facturas de los distintos proveedores extranjeros pueden coincidir en ocasiones, “sin que ello implique que exista correspondencia o duplicado de facturas”.

En el transcurso de su defensa, Cervecería Polar, sacó a relucir, cuáles serían esas dos facturas presuntamente forjadas. En ese sentido expresaron que la factura consignada en el trámite correspondiente a la solicitud AAD N° 8414416, es la número 053/08 del 2 de diciembre de 2008 y fue emitida por Forbex Brasil LTDA, el cual se encuentra ubicado en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Las mercancías importadas a través de dicha factura fueron gránulos de caucho molido redondeado de una granulometría de 0,7 a 2mm.

Y la segunda factura presuntamente forjada fue la N° 053/08 consignada en el marco del trámite correspondiente a la solicitud de AAD N° 7246596, la cual tiene fecha de emisión de 15 de abril de 2008 por KSB Bombas Hidraulicas S.A.. ubicada en la ciudad de Portella, Brasil. Las mercancías importadas a través de dicha factura fueron bombas centrífuga horizontal sewabloc procedentes de Alemania.

Cadivi replicó. Por su parte Cadivi respondió que se pudo verificar que la Declaración y Acta de Verificación de Mercancías consignada por el solicitante de las divisas “pertenecía a otro usuario distinto, por lo que se pudo inferir que tal documentación se encontraba forjada”. Añaden que en el Sistema de Control Operativo aparece que la solicitud N° 7440644, corresponde a la sociedad mercantil Pfizer de Venezuela, S.A. Y que el número de control (365582), se encuentra asignado a la Declaración y Acta de Verificación de Mercancías de la solicitud de Pfizer de Venezuela y de otra empresa denominada Autopartes Johan, C.A.

Para completar el ílicito, Polar forjó la firma de Julia Bichara, jefa de la Oficina de Verificación Aduanal en La Guaira. Polar “colocó” la firma de Bichara en la Declaración y Acta de Verificación de Mercancías. El Cicpc realizó una experticia grafotécnica de comparación entre el original de la referida declaración y una muestra de escritura de Julia Bichara. Dicha experticia arrojó como resultado que la firma que se encuentra en la Declaración y Acta consignada por Polar no se corresponde con la firma de Julia Bichara. Por cierto que dicha experticia desapareció de la División de Documentología del Cicpc, situación que fue informada a la Fiscalía 56° de Caracas el 18 de julio de 2013, según oficio N° 9700-030-505.1718.

A raíz de ese último detalle, Cadivi formuló en octubre de 2012 la respectiva denuncia del presunto ilícito ante la Fiscalía General de la República y el Ministerio de Economía, Finanzas y Banca Pública.

Opinión de la Fiscalía. Pero para el Ministerio Público, las presuntas irregularidades observadas por Cadivi, no revisten carácter penal. De hecho, el 3 de abril de 2014, el abogado Juan Betancourt Tovar, fiscal segundo del Ministerio Público ante las cortes de lo Contencioso Administrativo consignó un escrito donde señala que “la administración en forma alguna ha establecido que estamos en presencia de un ilícito cambiario, por existir un acta forjada”.

Ante ese panorama, la Corte Primero de los Contencioso señaló que “es un hecho cierto que existen irregularidades en el proceso, pero no está determinado sobre quien recae esa responsabilidad”. Por esa y  otras razones, la Corte declaró sin lugar la demanda interpuesta por Cervecería Polar que buscaba anular la investigación abierta en su contra. Al cierre de este reportaje (20-11-16) la Fiscalía no ha informado los resultados de su investigación; esto es, si Polar incurrió en un delito cambiario. Tampoco lo ha hecho el Ministerio de Banca y Finanzas.