Pranes de la PGV quemaron parte del botín antes de entregarse

La única condición que pusieron los pranes de la Penitenciaria General de Venezuela (PGV) para rendirse y entregarle al Gobierno la cárcel, fue que les permitieran sacar parte del dinero depositado en bóvedas construidas en sus celdas unipersonales.

Así que desde el miércoles 26 de octubre, sus familiares comenzaron a desalojar la prisión llevando consigo guacales atestados con billetes de cien bolívares. El jueves 27 de octubre, se aceleró la operación con la llegada a San Juan de los Morros (Gua) de la ministra Iris Varela. Esa noche ya los pranes habían quedo solos con sus armas, porque los fusileros, gariteros y otros integrantes del “carro” habían saltado al Centro para Procesados “26 de Julio”, que queda al lado. Varela habló con los militares que custodiaban los alrededores de la PGV y les ratificó que esa cárcel sería evacuada para posteriormente repararla y repoblarla con las normas cont

enidas en el Nuevo Régimen Penitenciario. “Para el sábado debo estar informándole al país, que esto se solucionó”.  Al salir de esa reunión fue al patio donde estaban identificando a los reclusos. “Todo se va a solucionar”, le repetía.

El viernes 28 de octubre, Iris Varela desayunó con esas cachapas envueltas en queso que venden frente al hospital de la capital guariqueña. Al dueño del kiosco le extrañó el montón de carros y guardaespaldas que “invadieron” su negocio justo el día del paro convocado por la oposición. Varela no se bajó del vehículo. Degustó la cachapa con queso de mano mientras leía La Antena y encargó cinco para llevarle a Wilmer Apóstol, Franklin Suárez, Liana Reyes, Adolfo Carrillo y Uguet Urbina. Era parte del equipo que ayudó en el llamado plan de pacificación de la PGV y el Internado Judicial Los Pinos (Injupi)

 A eso de las 10 am enfiló hacia la “26 de Julio”. A su llegada saludó al montón de reclusos que estaban sentados en el patio central esperando por ser identificados. Para ese momento ya sobrepasaban los 4 mil reos que habían sido rescatados. Huían de la PGV con la ayuda de los guardias nacionales, a riesgo de que los mataron desde las garitas.

Se instaló en una oficinita y dijo: “ya voy a iniciar una cayapa de emergencia para que sean liberados a quienes ya tienen tiempo legal”. Con un celular llamó al magistrado Maikel Moreno, presidente de la Sala Penal y con otro ordenó a su asistente que le discara a Beatriz Zamora, la jefa de los jueces penales de Guárico. “Doctora vengase, que necesitamos hablar”. Zamora llegó con un médico forense de apellido Rotondaro, pariente lejano del militar que dirige el Seguro Social. Hablaron de cómo procesar las denuncias de presuntas “fosas comunes” que existen dentro de la PGV. “Primero debe entrar antiexplosivos del Sebin a limpiar el área”, dijo Varela. “Después, le tocara al Cicpc y la Fiscalía”, acotó.

El desenlace. A la media hora de haber llegado Zamora al improvisado despacho (11:38 am) entró Adolfo Carrillo, la autoridad única de traslados, quien le informó que ya todos los visitantes que pernoctaban en la PGV habían salido. En ese grupo había niños, hombres, muchachos y chicas prepago. Cargaban los guacales llenos de billetes, maletas, bolsos y joyas. Habían  venido saliendo graneaditos desde el miércoles 26 de octubre.

A las 12:57 del mediodía tocó la puerta Wilmer Apóstol y le dijo algo al oído. “Gracias a Dios”, exclamó Varela parándose de la silla. Abrazó a Carrillo (jefe de los traslados) y pidió un chaleco antibalas. “Hemos vencido, ya los tipos se entregaron”, comentó. “Llamen a los medios”, le gritó a Franklin Suárez, director de comunicación del Min-Penitenciario. Todo se alborotó en la “26 de Julio”. Varela salió hacia la prisión recién desalojada. Antes de cruzar el hueco por donde muchos reos huyeron de Franklin Masacre, (el pran que los mutilaba si no pagaban la “Causa”), la Ministra se detuvo para lanzar un tuit anunciando el fin del conflicto. Era la 1:16 pm. Borraba y volvía porque se excedía de los 140 caracteres. Hasta que lanzó la información y prosiguió por el caminito forrado de paja ganadero, arbustos de teca, guatacaro y samanes.

Al llegar, lo primero que se vio fue un promontorio de cachivaches ardiendo. Allí estaba un grupito de guardias nacionales. Se sentó en las puertas de la antigua prisión construida por Juan Vicente Gómez y esperó a que llegaran los medios. A las 2:20 pm grabó una declaración con el equipo de VTV. No fue posible salir en vivo. Después se fueron aglomerando más periodistas y funcionarios regionales que llegaban a cuenta gotas. “No graben hacia el suelo”, sugirió uno de los funcionarios advirtiendo el reguero de bolsas, ropa, fajos de billetes, gorras, zapatos y nuevos testamentos que poblaban el sitio.

A las 2:36 pm Varela repitió la declaración para las televisoras que llegaron tarde. Algunos funcionarios que se presentaron abruptamente, querían agarrar cámara pero los guardaespaldas de la Ministra lo impidieron. Para mitigar ese momento, el secretario de gobierno sugirió una foto colectiva con el puño en alto, gráfica que sirvió de portada del diario Ciudad Guárico.

Abrieron el portón principal de la PGV para que Liana Reyes, directora de familia del MinPenitenciario recibiera las cédulas de los visitantes depositadas en los cajoncitos. Ese fue el único espacio que Varela pisó de la desalojada cárcel.

La Ministra y todo su equipo se devolvió por el camino enmontado que también fue recorrido por el tropel de funcionarios regionales presentes. En el trayecto, muchos guardias nacionales sacaron sus celulares para tomarse una foto con Iris Varela. “Ese perro a quien se lo van a entregar”, preguntó aludiendo a un rottweiler que estaba amarrado con un mecate. Al llegar a la “26 de Julio”, le pasó por un lado a Franklin Masacre, El Ratón, El Niño de Petare y El Chimaras, los pranes que mantuvieron vivo el conflicto. Este último debe su apodo al hecho de haber matado al actor Yanis Chimaras. Todos estaban sentados sin esposas pero bajo la vigilancia de un grupo del Cicpc. Alguien intentó tomarles una foto y Franklin Masacre le hizo una grosería con el dedo medio. Varela regresó a Caracas el sábado 29 de Octubre. En la tarde-noche tomó un avión a Ginebra donde rendirá cuentas en el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos.

 

 

Fiscalía Militar investiga sustracción de cauchos R16 del almacén del Ejército

Desde mayo de este año (2016) dos fiscales militares nacionales investigan la sustracción de 21 cauchos del almacén del Ejército Bolivariano. Tal investigación fue signada con la nomenclatura N° FM5-013-2016 y es dirigida por la teniente de fragata Yusnagry Dahilis Pérez Márquez, fiscal militar quinta con competencia nacional.

Los 21 cauchos fueron sustraídos del depósito de abastecimiento del Servicio de Transporte del Ejército Nacional Bolivariano. Los neumáticos hurtados son marca Terramax, medidas 255/70R16.

Todos esos detalles están contenidos en el expediente CPJPM-TM1C-082-16 publicado parcialmente en la página web de la Corte Marcial de Caracas.

En ese mismo sitio de internet fue publicado el pasado 23 de septiembre, una sentencia sin número, mediante la cual el Tribunal Militar Primero de Control de Caracas, autoriza el allanamiento a un inmueble vinculado a la investigación sobre el hurto de los mencionados cauchos.

La vivienda objeto del allanamiento tiene el N° 152 y está situada en el sector San Francisco de Asís, avenida Bolívar de Maracay (Ara), la cual es residencia del primer teniente Néstor Alfonzo Coronel Sarmiento, según se señala en la sentencia firmada por la jueza militar 1° de control de Caracas, Claudia Carolina Pérez de Mogollón.

La Fiscalía Militar Quinta solicitó dicho allanamiento basado en “informaciones obtenidas por funcionarios adscritos al Departamento de Investigación Criminal de la 35 Brigada de Policía Militar, remitida a este despacho fiscal mediante oficios N°00352 de fecha 2 de mayo de 2016, donde se remite inspección técnica, acta N° D.I.C.-INSP-TEC-019/04/2016, estudio informático forense N° CG-SCJEMG-SLCCT-DI:1789”, destaca la sentencia del Tribunal Militar.

Pero además refiere que para soportar el allanamiento a la residencia del primer teniente Coronel Sarmiento, fueron tomadas entrevistas tanto al propio militar como a los también primeros tenientes José Julián de Sousa Zambrano; Wilmer Hernández Mora; al alistado Gabriel José Guillén Amariscua y al cabo primero Kelvin Alexis Jaramillo Sánchez.

Otro elemento que esgrimió ante el Tribunal la Fiscalía Militar para solicitar el allanamiento fue un oficio identificado con el N°00731 de fecha 21 de septiembre de 2016 “donde consideran que existen suficientes elementos de convicción que hacen presumir que en el referido inmueble (donde reside el primer teniente Coronel Sarmiento) existen elementos…que hacen presumir que el referido oficial se encuentra involucrado con actividades ilícitas,  a saber, cobro de ciertas cantidades de dinero a cambio de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que fueron sustraídos, como son 21 cauchos…”.

Ante ese planteamiento, el Tribunal Militar declaró con lugar la solicitud de la Fiscalía y autorizó la “…inspección, registro y allanamiento” de la residencia del mencionado primer teniente.

La versión del militar. La información del allanamiento fue publicada por el diario Últimas Noticias el pasado 29 de septiembre, página 11, escrita por este redactor.

A los tres días (lunes 3-octubre-2016), una persona que dijo llamarse Néstor Coronel Sarmiento se presentó en la sede de Últimas Noticias. El periodista que escribió la nota lo recibió y escucho de su voz lo siguiente: “aquí estoy, mi casa no ha sido allanada; de dónde sacó usted esa información”.

El periodista le exhibió copia de la sentencia del Tribunal Militar Primero de Control de Caracas y éste leyó los primeros párrafos para luego pasárselo a una mujer que lo acompañaba.

“Yo soy abogada del primer teniente y efectivamente esta es una orden de allanamiento que no se ha hecho efectiva. Tiene siete días para vencerse”, comentó la mujer quien dijo trabajar en el Tribunal Supremo de Justicia y además representar judicialmente el primer teniente.

 “Aclararemos que no ha sido allanada la vivienda”, respondió el periodista. “Usted tiene que desmentir toda esta cochinada que escribió, porque por culpa de usted murió una niña”, replicó la mujer quien amenazó con demandar al periódico y al comunicador social.

Al día siguiente (4-octubre-2016), Últimas Noticias publicó la réplica del militar. Pero el martes 18 de octubre, en la sección Cartas al Director, se publicó un escrito firmado por el primer teniente Coronel Sarmiento donde entre otros, asegura que “no existe ningún procedimiento penal en mi contra”.

En el segundo párrafo de este reportaje, se señala que la Fiscalía Militar Quinta abrió un expediente donde aparece como presunto implicado en la sustracción de los 21 cauchos, el primer teniente Néstor Alfonzo Coronel Sarmiento. Repito el N° del expediente: FM5-013-2016.

 

Pranes de la PGV versus el Gobierno

 

Desde Agosto pasado, el Gobierno diseño un plan para tomar el control de la Penitenciaria General de Venezuela (PGV), cárcel situada en San Juan de los Morros (Gua). La prisión, es una de las más violentas del país, tanto por las torturas que allí le infringen a los privados de libertad (mutilaciones con hacha caliente, por ejemplo) como por los delitos que se organizan para ser ejecutados en los pueblos de Guárico. Secuestros, cobros de vacunas y sicariatos entre otros, según investigaciones policiales.

La PGV fue capitaneada en un tiempo por Humberto José Rodríguez Grimán, alias Trompeta, abatido por el Cicpc en Maracay (Ara) en enero de 2011. A este le sucedió Jhony Aponte (“Mini Joe”), también caído durante un enfrentamiento en su finca de Los Valles del Tuy en noviembre de 2015. En su lugar quedó Nelson Alejandro Barreto Reyes (“El Ratón”), quien ejerce el control del cobro de causas (impuesto que cada preso debe pagar semanalmente), venta de drogas, alquiler de teléfonos, alimentos y hasta “huidas por la puerta principal”.

Pero a comienzos de este año, El Ratón recibió una visita forzosa. En la PGV se les instaló Franklin Paul Hernández Quezada (42), alias “Franklin La Guaira”, “Viru-Viru”, “Franlin Masacre”. Este venía huyendo de las persecusiones que le montó el Gobierno a través de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP). Se instaló en una celda VIP del penal guariqueño con cinco de sus más cercanos colaboradores.

Asi las cosas El Ratón debió hacer “cogobierno” con su carnal “Franklin Masacre”. Como era de esperarse, “Viru-Viru” comenzó a ningunear a El Ratón e implantar nuevas normas como el incremento de la causa y la obligación a los familiares de los reclusos de traer alimentos para llenar los vacíos anaqueles. Tal situación trajo fracturas entre los dos pranes. Incluso según testigos, El Ratón aceptó a regañadientes la acción de secuestrar a los 45 funcionarios del Ministerio Penitenciario el pasado 1° de Agosto.

La acción fue para presionar al Gobierno de enviarle 3 mil privados de libertad que estaban en las comisarías del Cicpc. A mayor cantidad de presos dentro de la esmirriada nómina de la PGV (el Gobierno no mandaba reos para ese penal), más era la “causa” semanal que de 16 millones de bolívares, pasaría a 23, según cálculos de testigos internos. El conflicto cesó con la intervención del viceministro José Vicente Rangel Ávalos, quien de antemano conoce a los pranes de la PGV.

Simultáneo a eso, la ministro Iris Varela, recibió órdenes del presidente Nicolás Maduro para acelerar los planes de una pacificación y toma del control de la PGV. Alguien de afuera le sopló a los pranes el asunto. Por eso, comenzaron a idear un plan para evitar que los desalojaran de la Penitenciaria. Decidieron aumentar su arsenal y aumentar las torturas a los reos morosos. Pagaron por 100 granadas M26, pero solo les entregaron 84 que previamente sustrajeron del Fuerte Conopoima, situado también en la capital guariqueña. Pero no las ingresaron al penal. Las guardaron en los barrios cercanos a la PGV, donde estos pranes tienen aliados.

Su idea es convertir al barrio Vista Hermosa en un escenario de guerra cuando el Gobierno venga a tomar las instalaciones de la PGV. El plan de resistencia del pranato incluía hacerse presente en la opinión pública. Pagaron los focos de protestas en Caracas (cercanías de Miraflores y Ministerio Penitenciario), San Juan de los Morros (Frente al Fuerte Conopoima, de donde sustrajeron las granadas) y Carabobo. En una de esas protestas, una persona se acercó a los periodistas y les dijo: “Franklin quiere declarar”. Enseguida llamó a “Franklin Masacre” y se los puso en alta voz.

Luego subieron a las redes el video de un reo que murió por tuberculosis. Al parecer la autopsia dice que ciertamente padecía de esa enfermedad, pero que falleció a causa de “traumatismo craneoencefálico generalizado”. A la par, por las redes sociales divulgaron videos de personas con los dedos, brazos y píes mutilados que acusaban a “Franklin Masacre” de haberles disparado “con una pajiza” y luego debieron mutilarle el órgano para evitar una muerte por infección.

El viernes pasado (14 de octubre 2016), el Ministerio para el Servicio Penitenciario difundió un comunicado donde anuncia “un plan de pacificación de la Penitenciaria General de Venezuela”. Admite la existencia de presos mutilados que fueron rescatados por personal del Min-Penitenciario y anuncia la pronta implantación del llamado régimen basado en estudio, disciplina y trabajo. Al cierre de esta edición (17 Octubre 2016) no se ha producido acción alguna para ejecutar dichos anuncios.

Tribunal militar avaló detención de dos dirigentes de PJ que produjeron un video

El Tribunal Militar 1° de Control de Caracas declaró con lugar la solicitud de privación judicial preventiva de libertad en contra de Andrés Eloy Moreno Febres Cordero (28), y Manuel José Godoy Sequera (41), quienes participaron en la elaboración de un video difundido por Primero Justicia donde aparece un grupo de militares atajando una protesta. Tal decisión está contenida en el expediente 4367343 CJPM-TM1C-081-16. Allí se especifica la solicitud de privación de libertad contra Febres Cordero y Godoy Sequera fue formulada por los fiscales tenientes Elber Montero Mendoza y Keyla Ríos Lara, representantes del Ministerio Público Militar. 
 
De acuerdo a los mencionados fiscales, Febres Cordero y Godoy Sequera estarían incursos en los delitos , ultraje al centinela, a la bandera y a la Fuerza Armada; contra los deberes y el honor militar; usurpación, uso indebido de condecoraciones e instigación a la rebelión.
 
La decisión del Tribunal Militar se hizo pública este martes 27 de septiembre pero data del pasado 23 de este mes. Ese mismo día, familiares de Febres Cordero difundieron un comunicado denunciando que era ilegal la detención del joven. “Andrés está detenido por haber colaborado en un video, contratado por la organización política Primero Justicia a una empresa privada, en ejercicio de principios democráticos constitucionalmente establecidos en nuestro país”, señala el comunicado.
Godoy Sequera estuvo en Alemania desde el 25 de enero pasado hasta el 5 de febrero.

Liberan a 10 policías que allanaron quinta del narcotraficante “Lucas el Flaco”

La Corte de Apelaciones de Vargas ordenó la libertad plena de 10 funcionarios de la Polinacional imputados por presuntamente golpear al subdirector de la Dirección Técnico-Científica del Ministerio Público, José Gregorio Hernández Nerea. Los policías estaban presos desde el jueves 18 de agosto por ordenes del Tribunal 5° de Control de Vargas. Ese día les imputaron trato cruel, violación de domicilio y simulación de hecho punible. Todos esos delitos los cometieron presuntamente el sábado 13 de agosto cuando allanaron una quinta en Carayaca (Var), propiedad de Carlos Lucambio Moreno (32), alias “Lucas el Flaco”, quien es señalado de dirigir una organización criminal dedicada al envío de drogas hacia Europa desde los aeropuertos internacionales de Valencia y Caracas.

El día que allanaron esa quinta, se acercó al sitio el subdirector de la Dirección Técnico-Científico del Ministerio Público, Hernández Nerea quien reside al lado del inmueble de Lucas el Flaco. Enfurecido, les exigió a los funcionarios la orden de allanamiento. De hecho ese detalle lo admite la Fiscalía en un comunicado enviado a los medios informando la imputación a los 10 funcionarios. El altercado subió a mayores cuando Hernández Nerea le dijo a los policías que los iba a meter presos porque el trabajaba con la doctora Luisa Ortega Díaz. “Y tu estás botado”, le habría dicho al fiscal Carwil Eduardo Ortsas Sánchez, quien acompañaba a los polinacionales en el allanamiento.  “Ese terreno es de mi propiedad”, les señaló Hernández Nerea a los uniformados, aludiendo a la parcela donde está asentada la quinta de Lucas el Flaco. Ciertamente el fiscal Ortas Sánchez fue removido. Todo eso quedó asentado en el acta de la audiencia de presentación de los policías refrendada por la jueza Grecia Abreu Rada, según expediente N° WP02-P-2016-004253 al cual tuvimos acceso.

La Fiscalía reviró. La jueza Abreu Rada desestimó el delito de trato cruel porque las pruebas presentadas por Fiscalía no eran suficientes para constatar los daños presuntamente causados a Hernández Nerea. Además, ordenó dejarlos en libertad, decisión que la Fiscalía apeló invocando el efecto suspensivo de la medida hasta que la Corte de Apelaciones resolviera.

El lunes 22 de agosto, la Corte de Apelaciones de Vargas, en ponencia de su presidente Jaime Velasquez, confirmó la libertad en favor de los polinacionales y desestimó los restantes delitos; esto es, violación a domicilio y simulación de hecho punible. Pero respecto al oficial Hernán José Martínez Vizcaino, lo dejó libre bajo presentación y aceptó el delito de lesiones leves. Los policías liberados son: Elio José Garcia Aponte, Ronald Enrique Iriarte Gil, Nelson Alejandro Infante Orta, Wladimir Ramón Suárez Gil, Jorge Luis Ruíz Franco, Kleiber Elías Henriquez Heredia, Miguel Ángel Palma Villarroel y Leonardo Alberto Villalobos Arcadia.

El caso ha causado alarma en Miraflores, según fuentes directas. Al parecer ha causado sorpresa que un alto funcionario del Ministerio Público tenga vínculos comerciales con un narcotraficante. Al interior del Ministerio Público, su titular, Luisa Ortega Díaz, designó a María Eugenia Montesinos Hernández como subdirectora encargada de la Dirección Técnico-Científica de Fiscalía, ente auxiliar en las investigaciones abiertas contra funcionarios policiales y militares incursos en violaciones a Derechos Humanos. Pero en la lista protocolar de la Fiscalía, colgada en su página web, sigue figurando José Gregorio Hernández Nerea como subdirector titular de esa dependencia.

Mientras, la Dirección de Inteligencia y Estrategia de la Polinacional prosigue allanando las propiedades de Lucas el Flaco, quien está detenido desde el pasado 6 de agosto cuando lo agarraron en su casa ubicada en la urbanización Safari de Valencia (Car). Lucas el Flaco trabajó el aeropuerto internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía en septiembre de 2013, fecha en que enviaron a Paris en un vuelo de Air France 1.382 kilos de cocaína empequetads en ocho maletas. Su socio en esa operación, Harry Morales, fue detenido en Colombia en septiembre del año 2015, pero lo enviaron a Venezuela el 11 de agosto pasado, día en que los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos y Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvieron un encuentro en Puerto Ordaz donde acordaron reabrir las fronteras.

El TSJ instó a la Fiscalía a concluir investigación sobre “El Dakazo”

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia exhortó al Ministerio Público a concluir la investigación iniciada en noviembre de 2013 contra los dueños de las tiendas Daka, según se lee en la sentencia N° 226 cuyo ponente es el magistrado Maikel Moreno.  “Hasta la fecha el Ministerio Público no ha presentado acto conclusivo correspondiente”, dice la sentencia aludiendo a una investigación penal abierta en noviembre de 2013 contra Falles Ramadan Daggak Mujamad Mahmoud Daggak y su esposa Amal Hasan Abdilhadi, dueños de Daka.

La mencionada cadena de tiendas (5 en total) fue intervenida por el Gobierno el 8 de noviembre de 2013 luego que el Cuerpo de Inspectores de la Presidencia de la República constatara supuestas irregularidades en los precios. Por esa razón, la Fiscalía imputó a los dueños de Daka por la presunta comisión de los delitos de usura agravada continuada y asociación para delinquir. En consecuencia, el Tribunal 6° de Control de Carabobo dictó el 13 de noviembre de 2013, medida privativa de libertad contra la mencionada pareja así como bloqueo e inmovilización de sus cuentas bancarias.

Tres años después de iniciado el procesamiento penal de Falles Ramadan y su esposa, la abogada de éstos, Lonet Odina Gainza Medina, le solicitó a la Sala Penal avocarse al asunto en virtud del “desorden procesal” existente con la apertura de varias investigaciones; tantas como sucursales de tiendas Daka funcionan; esto es, Falcón, Carabobo, Lara y Caracas. “En efecto del estudio pormenorizado de las actas que conforman el presente expediente, la Sala observa que le asiste la razón a la solicitante”, responden los magistrados de la Sala Penal quienes concluyen que “se ha incurrido en desorden procesal por transgresión de los artículos 26 y 49 de la Constitución, inherentes a la tutela judicial efectiva y al debido proceso”.

Y recalcan los magistrados que “estamos ante un mismo proceso penal, con identidad de hechos, en igual fase procesal, pero que se encuentran en juzgados distintos, lo cual crea inseguridad jurídica”. Por ello declararon con lugar la solicitud de avocamiento planteada por la abogada del matrimonio Falles Ramadan-Amal Hassan, “motivo por el cual se exhorta a la representación fiscal a presentar (el acto conclusivo) sin mayor dilación y sin dejar de atender las investigaciones que se adelantan ante los distintos despachos fiscales de Lara y Caracas”. Pero además, la Sala Penal acordó sustraer y acumular en un solo expediente concentrada en Caracas, las causas que cursan en tribunales penales de Falcón y Carabobo. Ese único expediente será remitido a la presidenta del circuito judicial penal de Caracas, Solchi Delgado, para que vigile el cumplimiento de lo ordenado.

Lo que dijo Rosa Amelia Azuaje sobre “el discurso” de Leopoldo López

La declaración de Rosa Amelia Azuaje no fue el único medio de prueba que usó el Tribunal 28° de Juicio de Caracas para condenar a Leopoldo López (LL), según el expediente N° 28J-810-14 al cual tuvimos acceso. Allí consta que la jueza Susana Barreiros también se apoyó para dictar la condena en 5 experticias técnicas, tres experticias (biológica, antropológica e informática); siete informes periciales y ocho informes entre técnicos, de telefonía, de daños y criminalísticos.

Azuaje es licenciada en Lenguas Clásicas y Doctora en Lingüística. Formó parte de los 124 testigos y expertos que declararon durante el juicio contra López que comenzó el 23 de julio de 2015 y cerró el 10 de septiembre de 2015. Con todo ese cúmulo de pruebas, el Ministerio Público quería probar en el juicio que Leopoldo López actuó como el cerebro (determinador) del incendio y daños causados en la sede central de la Fiscalía General y Parque Carabobo el 12 de febrero de 2014, día en que se iniciaron las llamadas guarimbas.
El Ministerio Público sostuvo que López fue el instigador de todo eso a través de sus llamados públicos hechos por las redes sociales y medios de comunicación. Para probarlo, la Fiscalía les encargó a dos expertos analizar el discurso del líder opositor. Por eso encargó a la lingüista Rosa Amelia Azuaje y al docente universitario Mariano Alfonso Ali, analizar piezas discursivas pronunciadas por López.

Azuaje ha declarado ante medios de comunicación extranjeros que “la jueza Barreiro manipuló mi declaración para inculpar a López”. Le dio una entrevista a El Mundo de España, un día antes que la Sala 1 de la Corte de Apelaciones de Caracas, celebrara la audiencia donde escucharía los alegatos de López para oponerse a su condena. Azuaje aseguró en esa declaración al periódico español que “un informe técnico no debió ser utilizado como la única prueba para inculparle”.

Pero su análisis fue expuesto en la sala de juicio donde estaba López sentado en el banquillo de los acusados y cuatro estudiantes, además de la jueza Barreiros, fiscales y abogados defensores. Allí explicó que analizó nueve discursos pronunciados por Leopoldo López. Y antes de detallarlos, Azuaje expresó sus simpatías por el líder opositor. “Yo al ciudadano López, lo he escuchado más que a cualquier otra persona en mi vida”, dijo sobre el acusado a quien describió como “uno de los oradores más brillantes que he analizado en mi carrera”.

El análisis. Entre los discursos que analizó la Lingüista de López se cuentan los pronunciados el 23 de Enero de 2014 (rueda de prensa); el del 10 de febrero (Aeropuerto Internacional Simón Bolívar); 11 de febrero 2014 (entrevista a CNN) y el del 12 de febrero de 2014 (Plaza Venezuela antes de marchar a Fiscalía).

En líneas generales, dijo que “no hay discurso inocente, porque nosotros siempre vamos a decir cosas con intenciones para transmitir alguna información”. En ese sentido describió a López como alguien que sabe “lo que va a decir”. Reforzó esa idea al contar lo dicho por Aristóteles sobre los juicios. “Aristóteles dice que dependiendo en un juicio oral en la antigua Grecia, dependiendo de las pasiones que imponía el sofista al discurso, el jurado decidía lapidar a un ciudadano; es decir, prácticamente caerle a piedras, matarlo o absolverlo”, acotó Azuaje quien justificó la actuación del acusado, al señalar que “los discursos de LL son discursos de confrontación, son discursos reales que se sienten legítimamente en su derecho a sentirse indignado y a transferir su enojo”.

Más adelante señaló que LL utiliza un tema recurrente en sus peroratas donde “siempre está presente el tema del alzamiento”. Y aclara que López ha hecho ese planteamiento invitando a la lucha no violenta. “Es verdad; no lo puedo negar que no lo ha dicho; pero hay un contexto; cuando hablamos de la deslegitimación de un Estado es muy difícil doctora (Susana Barreiro), es muy difícil, yo no voy a decir que es imposible, pero es muy difícil que la respuesta sea pacífica; porque el orador (LL) ha dado suficientes argumentos para que el destinatario del mensaje no responda de manera pacífica”, concluyó. Indicó que el discurso de LL no contiene “un mensaje subliminal”, que “no dice nada que esté por debajo: habla de un Estado delincuente; de un Estado narcotraficante”.

La Doctora en Lingüística recalcó durante su exposición que LL describió al gobierno del presidente Nicolás Maduro como “un dechado de corrupción”. “El (LL) utiliza una cantidad de calificativos, que vuelvo y repito, yo no los voy a juzgar, pero evidentemente predisponen al auditorio; tenemos que entender que esos referentes negativos, evidentemente indignan y molestan a los destinatarios”, acotó.
Azuaje remarcó varias veces que LL no llamó de manera explícita a “luchar con armas”, porque “su discurso es muchísimo más sofisticado…él es una persona profundamente suspicaz”.

En un tono más personal, la Licenciada en Lenguas Clásicas, opinó sobre el papel de LL en la oposición venezolana. “A mí no me importa decirlo; el señor LL es un líder de oposición muy importante, que ha logrado remontar la figura de otras, de otros líderes de oposición y el tiene con qué”, expresó Azuaje delante de la jueza Barreiros, López, sus abogados defensores y público. “Pero tiene un discurso que no es precisamente pacífico y ahí es donde yo quiero ir; el tema del discurso. Yo no necesito repetir mil veces que algo va a ser pacífico para que eso sea pacífico; sobretodo si el contexto no lo es, sobretodo si yo estoy hablando de encender la llama de la lucha”, destacó.

Pero Azuaje develó en su análisis que López estaba consciente de los riesgos que corría al haber activado “La Salida”, los cuales quedaron expresados en el discurso del 11 de febrero durante la entrevista concedida a CNN. “El está absolutamente consciente de lo que está diciendo”, explicó Azuaje al analizar esa entrevista. “El sabe llegar a sus seguidores, el da instrucciones, pero esas instrucciones no son precisas, porque a veces son contradictorias; es muy difícil hablar de lucha, de alzamiento, de muertos, por ejemplo del 23 de Enero él dice, sabemos de esta lucha, de esta lucha de muertos, porque el 23 de Enero hubo muertos; eso no es pacífico”, finalizó. El pasado 22 de julio, Azuaje le dijo al diario español El Mundo que “la lingüística no puede acusar, si siquiera emitir un juicio de valor”.

Helicóptero de La Polar sobrevoló zona prohibida de Fuerte Tiuna

Un helicóptero de la empresa Polar sobrevoló una zona prohibida del Fuerte Tiuna, el complejo militar más importante del país. Esto ocurrió en junio de 2015. Pero la información se ventiló el pasado 31 de mayo a través de la sentencia N° 2016-0384 emitida por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativa que declaró inadmisible una demanda interpuesta por Polar para recuperar el helicóptero incautado desde el 5 de junio de 2015.

Es un Macdonnell Douglas, modelo MD-90, siglas YV1408. Transporte Polar fue multada con 1.o00 unidades tributarias “por considerar que  la aeronave presuntamente ingresó en la zona prohibida de Fuerte Tiuna sin la debida autorización del Comando Estratégico Operacional”. La multa fue impuesta por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) el 15 de junio de 2015. Transpolar la canceló el 8 de julio de 2015 y ese mismo día le pidieron al Inac que declarara la terminación del procedimiento sancionatorio y en consecuencia les devolvieran el helicóptero. El presidente del Inac respondió al planteamiento el 22 de octubre de 2015, fecha en la cual  declaró terminado el proceso contra Transporlar.

Pero la empresa señala que pese a ello, aun le tienen retenido el helicópero en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda (La Carlota). Por eso razón le solicitó a la Corte de lo Contencioso Administrativo que obligue al Inac a devolverle la aeronave. Argumentó que la retención del helicóptero “ha implicado la imposibilidad de que nuestra representada continúe prestando los servicios de transporte aéreo al personal directivo, gerencial y especializado de las empresas Alimentos Polar Comercial, Pepsi-Cola Venezuela y Cervecería Polar, con el propósito de atender las contingencias que se presentan en las plantas industriales”.

Los jueces de la Corte Primera reprocharon que Transpolar atosigara de peticiones del mismo contenido al Inac, formulándole el pedido de regresarle el helicópero. “La presentación reiterada de peticiones, resulta contraria a la eficacia y eficiencia en el ejercicio de la actividad administrativa por parte del Inac”, respondieron los jueces Mirian Becerra, María Elena Guzmán Centeno y Eugencio Palencia.

Reconoce la Corte Primera que si bien Transpolar tiene el derecho a dirigir peticiones y recibir una oportuna respuesta, la Administración requiere de tiempo y recurso humano a los fines de dar contestación a las diversas solicitudes que le sean presentadas. La Corte declaró inadmisible la demanda porque Transpolar “no dejó transcurrir el lapso establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos”.

Freddy Bernal: Paramilitarismo manda en 11 municipios

Ese método de controlar poblaciones a través del terror y el cobro de vacunas, se ha instalado en zonas de Caracas y 10 municipios de Zulia y Táchira, aseguró el ex diputado Freddy Bernal. “Allí el Estado ha sido desplazado”, acotó Bernal quien trató el punto en un foro celebrado este jueves 28 de abril en Parque Central. La Sala 2 estaba abarrotada.

Bernal aseguró que los grupos paramilitares han tomado control de municipios asentados al sur del Lago de Maracaibo: San Carlos del Zulia, Los Puertos de Altagracia, Machiques, Bachaquero y Bobures. Igual situación se constata en cinco municipios de Táchira: Las Delicias, Ureña, San Antonio, Capacho Viejo y La Fría.

Mientras que en Caracas las prácticas paramilitares ejecutadas por grupos armados tienen el control de los barrios como Las Quintas, El Cementerio, La Invasión, Cota 905, Las Casitas (parte alta de La Vega), La Montañita, 1° de Mayo, Los Sin Techo, Las Marías, El 70 y calle 18 de Los Jardines de El Valle. “Allí es un hecho consumado que el Estado fue desplazado por esos grupos que instauraron un toque de queda”, aseveró Bernal. “Allí  se han consolidado porque todas esas bandas se asociaron y mantienen comunicación a través de radios”, alertó.

 Además, Bernal informó que dichos grupos armados han logrado desplazar a 187 líderes políticos de base del Psuv, líderes sociales sin militancia partidista y policías que residían en La Cota 905, Los Eucaliptos y El Guarataro. “Les han dicho que recojan sus cosas y se marchen”, describió.

Objetivos de los paras. En esos sectores de Zulia, Táchira y Caracas, el paramilitarismo ha cumplido los cinco objetivos que se fijaron como grupo violento y de poder, explicó Bernal.

Esos objetivos los discriminó el dirigente así: desmoralizar a las fuerzas públicas con el asesinato de policías y militares; infundir miedo en la población con desmembramiento de cadáveres (“meten miedo para someter”); ocupar el territorio; desplazar al Estado (“no dejan pasar patrullas ni ambulancias en los toques de queda implantado en esos sectores”) y hacer que florezca la industria del crimen organizado que secuestra personas y carros, vende drogas a los adolescentes y cobra vacunas a comerciantes y pobladores. “Con el fruto de ese crimen organizado, esos grupos pueden comprar armas y funcionarios”, concluyó Bernal.

Los venideros 60 días. Freddy Bernal alertó que vienen 60 días con episodios de violencia. “Lo que viene es candela pura, porque el Departamento de Estado de Estados Unidos ya dio la orden y aquí desde la Asamblea Nacional van a tratar de causar una explosión social”, explicó. “Un sector de la derecha, no toda, ya ha hecho reuniones con jefes de las bandas de El Valle, El Cementerio y La Cota 905”, denunció.

“Quieren violencia para justificar después la aplicación de la Carta Democrática”, acotó. Bernal pidió a los presentes en el foro, en su mayoría integrantes de grupos sociales venidos de Caracas y el interior del país, no caer en provocaciones ni entrar en desesperación.

Explicó Bernal que lo que ocurre en Venezuela obedece a un formato diseñado en Estados Unidos desde la muerte de Hugo Chávez. “Desde que murió Chávez, los EEUU se decidieron a retomar la hegemonía que habían perdido en América Latina”, destacó. Bernal indicó que ese país trata de aislar a Venezuela golpeando a Bolívia, Ecuador y Brasil, “para luego quebrarnos”.

Corpoelec demandó a una empresa aeronáutica gringa

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia admitió una demanda que interpuso la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) contra la empresa Matrix Aviation INC con sede en Florida (Estado Unidos) por incumplimiento de contrato, según se lee en la sentencia 288. En consecuencia, la Sala citó a la mencionada compañía para que comparezca a una audiencia preliminar donde se debatirá el reclamo de Corpoelec.

Dicha controversia se refiere al supuesto incumplimiento de un contrato suscrito para la adquisición de servicios y suministros de repuestos aeronáuticos requeridos para la recuperación de la flota de aeronaves de Corpoelec, explica la Sala. Esa flota es la que atiende “los requerimientos de servicio aéreo necesario para el mantenimiento del sistema eléctrico nacional”, acotan los magistrados.

Corpoelec calcula que la demanda asciende a un monto de Bs.21.767.100,00 en razón de lo adeudado por Matrix Aviation. Ello no incluye los intereses moratatorios. La estatal venezolana le pidió al TSJ embargar dos aeronaves de la citada empresa estadounidense: un Twin Commander 690 siglas YV0149 y un Bell 412 siglas YV0156. Los magistrados no han dado respuesta a esa petición.