El TSJ “salvó” a Rafael Ramírez de ser investigado por la Asamblea Nacional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia suspendió los efectos de la investigación abierta e impulsada por la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional con relación a supuestas irregularidades ocurridas en la empresa Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) durante el periodo 2004-2014 presidido por Rafael Ramírez. La decisión es una medida cautelar solicitada por Rafael Ramírez y está contenida en la sentencia N° 893 aprobada el 25 de octubre de 2016 y difundida el viernes 11 de noviembre.

La investigación  que fue suspendida por el TSJ se inició el 17 de febrero de 2016. Sus pasos iniciales fueron dos comunicaciones que le enviaron al expresidente de Pdvsa, quien ahora es representante permanente de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidades. Uno de esos oficios fue llevado personalmente a New York por el diputado Freddy Guevara, presidente de la Comisión de Contraloría de la AN. Todas esas actuaciones derivadas de esa investigación también quedaron suspendidas.

Esta demanda de nulidad por razones de inconstitucionalidad fue interpuesta  por Rafael Ramírez el 28 de septiembre 2016 a través de su abogada Petrica López Ortega. En el extenso escrito, el expresidente de Pdvsa, aprovechó para responder los siete puntos de su gestión que pretendía investigar el parlamento.  Veamos.

  1. Quién manda en Pdvsa. La Junta Directiva de Pdvsa, actúa como un órgano colegiado, del cual forma parte de manera permanente, un representante de la República, generalmente, el Ministro de Finanzas, con carácter de Director Externo y un representante de los trabajadores, en condición de Director Interno, explicó Ramírez para negar que “el Presidente (de Pdvsa) no toma decisiones individuales, lo hace a través de la Junta Directiva”. Adujo que todas sus decisiones fueron emitidas con la aprobación unánime de la Junta Directiva. Y añade que durante su gestión la empresa estuvo siempre considerada entre las primeras cinco a nivel mundial, según los análisis realizados por los expertos del mundo entero en la materia, tales como, la revista especializada en petróleo, (‘Petroleum Intelligence Weeklly PIW’).
  1. Qué se hizo con los “petrodólares”. Ramírez respondió que los ingresos percibidos han sido utilizados, no sólo para el desarrollo de la empresa y de los proyectos petroleros, como se evidencia de los informes, sino del hecho cierto de su destino de parte de los mismos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica de los Hidrocarburos, a los diferentes planes y proyectos de desarrollo social y a las distintas misiones que adelanta el Gobierno Nacional a través del desarrollo de las misiones sociales y en particular la de: Vivienda, Ribas, Barrio Adentro, Ribas Técnica y Pdvsa la Estancia, todos por instrucciones del presidente Chávez. Ramírez acotó que “debe quedar claro que no hubo daño al Patrimonio Público de la Nación durante el período señalado, y por el contrario, se produjo un Incremento sustancial del mismo”.
  1. Víctimas de un fraude. Respecto a las presuntas irregularidades en los fondos de ahorro, Ramírez explicó que las entidades que manejan los fondos de ahorro y de pensiones de los trabajadores y jubilados de Pdvsa no son filiales de empresa, ni están bajo el control legal, accionario ni administrativo de la estatal ni del Gobierno Nacional. Estos fondos tienen personalidad jurídica y patrimonio propios. “En lo personal, Rafael Ramírez nunca fue miembro de esos cuerpos gobernantes”, acotó. Sobre el llamado “caso Illaramendi”, existe un juicio en Estados Unidos, en el que Francisco Illaramendi ha sido condenado por fraudes cometidos sobre inversiones recibidas de varias entidades, entre ellas los fondos de los trabajadores y pensionados de Pdvsa. Asimismo, fueron determinadas (sic) responsabilidades sobre uno o más funcionarios de Pdvsa, indicó. “Sin embargo, Pdvsa es parte de las entidades que están haciendo reclamaciones ante los interventores designados para ese caso, y uno de los asuntos alegados, junto con sus asesores legales, es que Pdvsa y los fondos son víctimas de este fraude, y que no es justo que se vean afectados por actuaciones deshonestas o acciones desleales de algunos de sus funcionarios…”, completó.
  1. Las cuentas en Andorra y Brasil. El ex presidente de Pdvsa rechazó igualmente la imputación sobre cuentas en la banca privada de Andorra. Dijo que durante su gestión Pdvsa y sus filiales nunca se manejaron fondos en cuentas del citado banco europeo. “En lo personal, Rafael Ramírez nunca ha tenido cuentas en el BPA”, acotó. También negó que se hayan adquirido títulos y otros instrumentos financieros en el Banco Espíritu Santo con fondos de Pdvsa. Explicó que durante un tiempo, Pdvsa y sus filiales manejaron parte de sus cobranzas, pagos a proveedores, así como operaciones de financiamiento, a través de cuentas en el Banco Espíritu Santo de Portugal, debido, fundamentalmente, a algunas sanciones del Gobierno de USA, por supuestas operaciones entre entidades venezolanas e iraníes, que ocasionaron que la mayoría de las instituciones bancarias de USA y de Europa decidieron dejar de operar con la estatal petrolera venezolana. A raíz de la intervención de este Banco, durante el año 2014, las autoridades interventoras decidieron crear una nueva institución, llamada Novo Banco, a la que fueron transferidas las operaciones normales y sin problemas. En tal sentido, durante ese año 2014, PDVSA y sus filiales recibieron en cuentas del Novo Banco la totalidad de los fondos mantenidos en el viejo Banco Espíritu Santo, incluyendo los saldos en cuentas receptoras de cobranzas por exportaciones y en cuentas utilizadas para el pago a nuestros proveedores, así como los fondos que se mantenían depositados como garantías colaterales para operaciones de financiamiento y de cartas de crédito, con lo cual no se le ocasionó ninguna pérdida patrimonial a la empresa ni a sus filiales, explicó.
  1. Irregularidades en contratos. Respecto a las presuntas irregularidades en la celebración de contratos con Pdvsa, Ramírez dijo que esa esa una “desproporcionada imputación”. Dado el carácter de Holding Público de Pdvsa y la posibilidad de contratación de sus múltiples filiales, direcciones y gerencias, sólo en un año, el número de contratos celebrados por la industria puede girar en torno a los 6.800, detalló. Ramírez destacó que Pdvsa es una corporación de clase mundial, integrada por unas 245 empresas, domiciliadas en Venezuela, USA, Centro y Sur América, Región del Caribe y Europa. Y como parte de la política corporativa de delegación, existe la Delegación para Contratación, que se refiere a la autoridad otorgada a las filiales, negocios, áreas y organizaciones, para que aprueben internamente sus procesos de contratación, hasta el nivel de autoridad otorgada. “En tal sentido, el presidente de Pdvsa no es responsable de los procesos de contratación aprobados por las diferentes instancias dentro de la Corporación”, recalcó.
  1. Pdval y la comida podrida. La Comisión de Contraloría tenía entre sus puntos las presuntas irregularidades en la adquisición masiva de alimentos importados por parte de la empresa Pdval. “En este sentido cabe remitirse a las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia con respecto al caso Pdval que ya ha producido cosa juzgada formal y sustantiva…”, respondió.
  1. Accidente de Amuay. Rafael Ramírez negó tener la culpa del accidente en la Refinería de Amuay (Fal) ocurrido el 24 de agosto de 2012. Aludió a un informe técnico sobre el resultado de las investigaciones hechas por un equipo especializado y multidisciplinario. Allí se explica que la explosión y el incendio fueron ocasionados por una fuga de olefinas a la atmósfera, por la apertura de bridas en una bomba, debido a la ruptura de ‘espárragos’ que habían sido aflojados de manera intencional, según lo investigado. “De acuerdo con la investigación, este lamentable incidente no fue producto de falta de mantenimiento, ni desperfectos mecánicos, ni de impericia de los trabajadores de la Refinería…”, refirió.

El ex ministro de Energía y Petróleo, calificó de “pobre” la redacción de los oficios enviados a su despacho desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, en los cuales observó que “no están numerados y carecen del sello oficial”. Refirió que ya su gestión pasó por el control político en su momento por la Asamblea Nacional en los 10 años que jefaturó la principal industria petrolera venezolana.  “Reabrirlo al día de hoy, cuando no es posible siquiera hacer recaer en la actividad ni en el titular del órgano sus consecuencias, evidencian la desviación del procedimiento pues no sólo se estaría volviendo sobre lo que podríamos denominar la cosa juzgada parlamentaria”, destacó Ramírez quien añadió que la AN pretende asumir facultades “propias de control jurídico”.

Por su parte, la Sala Constitucional  estimó que de proseguir la investigación abierta por el parlamento, además de la posible vulneración en los derechos de Rafael Ramírez, ésta podría desencadenar una reacción adversa en los procedimientos arbitrales que cursan en la actualidad, en los inversionistas, en todos aquellos países a los cuales puede acudir la República para el intercambio de crédito y, en fin, en los diversos actos relacionados con esta materia que interesan a la nación, a diversos Estados y a la Región, tomando en cuenta la trascendencia de Pdvsa en el orden económico, social y constitucional.

 

Falsos emisarios del presidente ruso Vladimir Putin estafaron a Pdvsa

Una mujer rusa y dos franceses son señalados de estafar a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) al hacerse pasar como emisarios del presidente ruso Vladimir Putin, según se lee en las sentencias números 519 y 330 de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Andrey Spiridonov, Irina Alferova y Ruslan Adazhiy son los tres implicados en la estafa a la estatal petrolera, ocurrida entre los años 2009 y 2010.

La investigación fue abierta el 13 de julio de 2010 por la Fiscalía Superior de Nueva Esparta donde recibieron una denuncia de la empresa Valve Corporación C.A. Refieren que Andrey Spiridonov visitó en Rusia las instalaciones de Ankor, empresa dedicada a la fabricación y comercialización de válvulas para la industria petrolera. Allí dijo “ser el encargado directo por parte del Presidente Wladimir Putin de atender las contrataciones de las empresas rusas, que actuarían como distribuidores de insumos a la estatal petrolera venezolana Petróleos de Venezuela S.A. Pdvsa, convenciéndole de la posibilidad de buenos negocios en Venezuela, con la venta de sus productos, vale decir, válvulas para la industria del petróleo en Europa hasta ese momento”, señala textualmente la sentencia 380 de la Sala Penal.

 De ese encuentro acordaron la creación en Venezuela de una empresa que fuera como la sucursal  de la rusa Ankor, con el propósito de venderle a Pdvsa insumos necesarios en la explotación del petróleo y el gas. Tras varias reuniones en Margarita (Nue), nació Valve Corporación C.A. Tal fue el nivel de confianza generado por dicho grupo, que lograron captar inicialmente un millón 500 mil euros. “La justificación para el pago de tales cantidades de dinero, las centraban en el hecho que encontrándose prácticamente cerrada la negociación entre el ciudadano ANDREY SPIRIDONOV y PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. PDVSA, en supuesto beneficio de VALVE CORPORACIÓN C.A., se requería la constitución de fianzas de fiel cumplimiento en el extranjero que permitieran dar viabilidad jurídica a los contratos millonarios a ser suscritos en Venezuela y específicamente en la Isla de Margarita”, refiere el Tribunal Supremo de Justicia al estudiar el caso.

La “firma” de Rafael Ramírez. Pero pese a ello, Valve Corporación C.A. no le veía el queso a la tostada y presionó al trío de estafadores para finiquitar el contrato con Pdvsa. Por eso los timadores armaron una reunión final en Margarita con 10 técnicos de la empresa rusa Ankor, incluido a su presidente internacional. Allí se planteó que la oferta del contrato no solo se limitaba a venderle insumos a Pdvsa, sino a empresas similares en Colombia y Ecuador.

Para darle credibilidad al asunto, el trío obtuvo del abogado Roberto Calvarese, un modelo de contrato de suministro para válvulas petroleras. Lo transcribieron e incorporaron “maliciosamente” los datos de Valve Corporación C.A. y del Ministerio para la Energía y el Petróleo que constituiría a decir de los estafadores, el documento que finalmente sería presentado ante los miembros de la empresa como el contrato final que permitiría la comercialización de sus productos en nuestro país para la industria petrolera. En dicho contrato falsificaron la firma del entonces ministro Rafael Ramírez, tal como lo informó la estatal venezolana al Ministerio Público.

Y llegado el momento de hacer valer dicho contrato ante las autoridades correspondientes de Pdvsa, Olimkhon Muminov e Igor Kirgizbaev, fueron informados que dicho documento no se encontraba registrado en los archivos de dicha empresa y por lo cual presumían su falsedad. Es en ese momento cuando los miembros de la empresa Arkor en Rusia y Valve Corporación proceden a interponer la denuncia ante el Ministerio Público el 13 de julio de 2010.

Detenidos y liberados. Dos años después, concretamente el 9 de octubre de 2012, Ruslan Adazhiy, de nacionalidad francesa, fue detenido en la república de Moldavia, vecina de Ucrania. Tres meses antes (9 de octubre 2012), atraparon en la ciudad italiana de Vareze a Irina Alferova, la única mujer del trío de estafadores. Los detuvieron en virtud de una notificación roja colgada en Interpol por el Tribunal 4° de Control de Nueva Esparta.

Pero, ambos fueron liberados porque las autoridades venezolanos no formularon a tiempo el pedido de extradición. De hecho, la sentencia de la Sala Penal del TSJ acordando la extradición de Adazhiy y Alferova, tiene fecha de 18 de diciembre de 2012. Es decir, un mes después que ya los estafadores estaban en las calle europeas. El ponente de esa sentencia fue el magistrado Héctor Coronado y le dieron su voto aprobatorio sus colegas, Paul Aponte Rueda, Deyanira Nieves, Blanca Rosa Mármol de León y Yanina Karabin. Esta última magistrada es la única que integra la actual Sala Penal, mientras que los demás, están jubilados.

Cuatro años después de esa decisión, la Sala Penal, con nuevos integrantes, acordó nuevamente la extradición de Ruslan Adazhiy, uno de los tres estafadores. Ese que habían atrapado en Moldavia y debieron liberar. El pasado 18 de octubre de 2016, los magistrados declararon procedente la extradición, en virtud de que el sujeto fue detenido en Roma. La sentencia, signada con el número 380, es un calco de aquella del año 2012. En esta ocasión, el ponente es el magistrado Juan Luis Ibarra Verenzuela y contó con el respaldo de sus colegas Maikel Moreno, Francia Coello, Elsa Gómez y Yanina Karabin.

Al momento de cerrar este reportaje (6-11-16) las autoridades venezolanas no han informado si Ruslan Adazhiy ya fue traído a Venezuela para ser juzgado ante el Tribunal 4° de Control de Nueva Esparta, donde tiene un expediente abierto por estafa, falsificación de documentos y asociación para delinquir. Se desconoce el paradero de sus otros dos compinches.

 

Pranes de la PGV quemaron parte del botín antes de entregarse

La única condición que pusieron los pranes de la Penitenciaria General de Venezuela (PGV) para rendirse y entregarle al Gobierno la cárcel, fue que les permitieran sacar parte del dinero depositado en bóvedas construidas en sus celdas unipersonales.

Así que desde el miércoles 26 de octubre, sus familiares comenzaron a desalojar la prisión llevando consigo guacales atestados con billetes de cien bolívares. El jueves 27 de octubre, se aceleró la operación con la llegada a San Juan de los Morros (Gua) de la ministra Iris Varela. Esa noche ya los pranes habían quedo solos con sus armas, porque los fusileros, gariteros y otros integrantes del “carro” habían saltado al Centro para Procesados “26 de Julio”, que queda al lado. Varela habló con los militares que custodiaban los alrededores de la PGV y les ratificó que esa cárcel sería evacuada para posteriormente repararla y repoblarla con las normas cont

enidas en el Nuevo Régimen Penitenciario. “Para el sábado debo estar informándole al país, que esto se solucionó”.  Al salir de esa reunión fue al patio donde estaban identificando a los reclusos. “Todo se va a solucionar”, le repetía.

El viernes 28 de octubre, Iris Varela desayunó con esas cachapas envueltas en queso que venden frente al hospital de la capital guariqueña. Al dueño del kiosco le extrañó el montón de carros y guardaespaldas que “invadieron” su negocio justo el día del paro convocado por la oposición. Varela no se bajó del vehículo. Degustó la cachapa con queso de mano mientras leía La Antena y encargó cinco para llevarle a Wilmer Apóstol, Franklin Suárez, Liana Reyes, Adolfo Carrillo y Uguet Urbina. Era parte del equipo que ayudó en el llamado plan de pacificación de la PGV y el Internado Judicial Los Pinos (Injupi)

 A eso de las 10 am enfiló hacia la “26 de Julio”. A su llegada saludó al montón de reclusos que estaban sentados en el patio central esperando por ser identificados. Para ese momento ya sobrepasaban los 4 mil reos que habían sido rescatados. Huían de la PGV con la ayuda de los guardias nacionales, a riesgo de que los mataron desde las garitas.

Se instaló en una oficinita y dijo: “ya voy a iniciar una cayapa de emergencia para que sean liberados a quienes ya tienen tiempo legal”. Con un celular llamó al magistrado Maikel Moreno, presidente de la Sala Penal y con otro ordenó a su asistente que le discara a Beatriz Zamora, la jefa de los jueces penales de Guárico. “Doctora vengase, que necesitamos hablar”. Zamora llegó con un médico forense de apellido Rotondaro, pariente lejano del militar que dirige el Seguro Social. Hablaron de cómo procesar las denuncias de presuntas “fosas comunes” que existen dentro de la PGV. “Primero debe entrar antiexplosivos del Sebin a limpiar el área”, dijo Varela. “Después, le tocara al Cicpc y la Fiscalía”, acotó.

El desenlace. A la media hora de haber llegado Zamora al improvisado despacho (11:38 am) entró Adolfo Carrillo, la autoridad única de traslados, quien le informó que ya todos los visitantes que pernoctaban en la PGV habían salido. En ese grupo había niños, hombres, muchachos y chicas prepago. Cargaban los guacales llenos de billetes, maletas, bolsos y joyas. Habían  venido saliendo graneaditos desde el miércoles 26 de octubre.

A las 12:57 del mediodía tocó la puerta Wilmer Apóstol y le dijo algo al oído. “Gracias a Dios”, exclamó Varela parándose de la silla. Abrazó a Carrillo (jefe de los traslados) y pidió un chaleco antibalas. “Hemos vencido, ya los tipos se entregaron”, comentó. “Llamen a los medios”, le gritó a Franklin Suárez, director de comunicación del Min-Penitenciario. Todo se alborotó en la “26 de Julio”. Varela salió hacia la prisión recién desalojada. Antes de cruzar el hueco por donde muchos reos huyeron de Franklin Masacre, (el pran que los mutilaba si no pagaban la “Causa”), la Ministra se detuvo para lanzar un tuit anunciando el fin del conflicto. Era la 1:16 pm. Borraba y volvía porque se excedía de los 140 caracteres. Hasta que lanzó la información y prosiguió por el caminito forrado de paja ganadero, arbustos de teca, guatacaro y samanes.

Al llegar, lo primero que se vio fue un promontorio de cachivaches ardiendo. Allí estaba un grupito de guardias nacionales. Se sentó en las puertas de la antigua prisión construida por Juan Vicente Gómez y esperó a que llegaran los medios. A las 2:20 pm grabó una declaración con el equipo de VTV. No fue posible salir en vivo. Después se fueron aglomerando más periodistas y funcionarios regionales que llegaban a cuenta gotas. “No graben hacia el suelo”, sugirió uno de los funcionarios advirtiendo el reguero de bolsas, ropa, fajos de billetes, gorras, zapatos y nuevos testamentos que poblaban el sitio.

A las 2:36 pm Varela repitió la declaración para las televisoras que llegaron tarde. Algunos funcionarios que se presentaron abruptamente, querían agarrar cámara pero los guardaespaldas de la Ministra lo impidieron. Para mitigar ese momento, el secretario de gobierno sugirió una foto colectiva con el puño en alto, gráfica que sirvió de portada del diario Ciudad Guárico.

Abrieron el portón principal de la PGV para que Liana Reyes, directora de familia del MinPenitenciario recibiera las cédulas de los visitantes depositadas en los cajoncitos. Ese fue el único espacio que Varela pisó de la desalojada cárcel.

La Ministra y todo su equipo se devolvió por el camino enmontado que también fue recorrido por el tropel de funcionarios regionales presentes. En el trayecto, muchos guardias nacionales sacaron sus celulares para tomarse una foto con Iris Varela. “Ese perro a quien se lo van a entregar”, preguntó aludiendo a un rottweiler que estaba amarrado con un mecate. Al llegar a la “26 de Julio”, le pasó por un lado a Franklin Masacre, El Ratón, El Niño de Petare y El Chimaras, los pranes que mantuvieron vivo el conflicto. Este último debe su apodo al hecho de haber matado al actor Yanis Chimaras. Todos estaban sentados sin esposas pero bajo la vigilancia de un grupo del Cicpc. Alguien intentó tomarles una foto y Franklin Masacre le hizo una grosería con el dedo medio. Varela regresó a Caracas el sábado 29 de Octubre. En la tarde-noche tomó un avión a Ginebra donde rendirá cuentas en el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos.

 

 

Fiscalía Militar investiga sustracción de cauchos R16 del almacén del Ejército

Desde mayo de este año (2016) dos fiscales militares nacionales investigan la sustracción de 21 cauchos del almacén del Ejército Bolivariano. Tal investigación fue signada con la nomenclatura N° FM5-013-2016 y es dirigida por la teniente de fragata Yusnagry Dahilis Pérez Márquez, fiscal militar quinta con competencia nacional.

Los 21 cauchos fueron sustraídos del depósito de abastecimiento del Servicio de Transporte del Ejército Nacional Bolivariano. Los neumáticos hurtados son marca Terramax, medidas 255/70R16.

Todos esos detalles están contenidos en el expediente CPJPM-TM1C-082-16 publicado parcialmente en la página web de la Corte Marcial de Caracas.

En ese mismo sitio de internet fue publicado el pasado 23 de septiembre, una sentencia sin número, mediante la cual el Tribunal Militar Primero de Control de Caracas, autoriza el allanamiento a un inmueble vinculado a la investigación sobre el hurto de los mencionados cauchos.

La vivienda objeto del allanamiento tiene el N° 152 y está situada en el sector San Francisco de Asís, avenida Bolívar de Maracay (Ara), la cual es residencia del primer teniente Néstor Alfonzo Coronel Sarmiento, según se señala en la sentencia firmada por la jueza militar 1° de control de Caracas, Claudia Carolina Pérez de Mogollón.

La Fiscalía Militar Quinta solicitó dicho allanamiento basado en “informaciones obtenidas por funcionarios adscritos al Departamento de Investigación Criminal de la 35 Brigada de Policía Militar, remitida a este despacho fiscal mediante oficios N°00352 de fecha 2 de mayo de 2016, donde se remite inspección técnica, acta N° D.I.C.-INSP-TEC-019/04/2016, estudio informático forense N° CG-SCJEMG-SLCCT-DI:1789”, destaca la sentencia del Tribunal Militar.

Pero además refiere que para soportar el allanamiento a la residencia del primer teniente Coronel Sarmiento, fueron tomadas entrevistas tanto al propio militar como a los también primeros tenientes José Julián de Sousa Zambrano; Wilmer Hernández Mora; al alistado Gabriel José Guillén Amariscua y al cabo primero Kelvin Alexis Jaramillo Sánchez.

Otro elemento que esgrimió ante el Tribunal la Fiscalía Militar para solicitar el allanamiento fue un oficio identificado con el N°00731 de fecha 21 de septiembre de 2016 “donde consideran que existen suficientes elementos de convicción que hacen presumir que en el referido inmueble (donde reside el primer teniente Coronel Sarmiento) existen elementos…que hacen presumir que el referido oficial se encuentra involucrado con actividades ilícitas,  a saber, cobro de ciertas cantidades de dinero a cambio de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que fueron sustraídos, como son 21 cauchos…”.

Ante ese planteamiento, el Tribunal Militar declaró con lugar la solicitud de la Fiscalía y autorizó la “…inspección, registro y allanamiento” de la residencia del mencionado primer teniente.

La versión del militar. La información del allanamiento fue publicada por el diario Últimas Noticias el pasado 29 de septiembre, página 11, escrita por este redactor.

A los tres días (lunes 3-octubre-2016), una persona que dijo llamarse Néstor Coronel Sarmiento se presentó en la sede de Últimas Noticias. El periodista que escribió la nota lo recibió y escucho de su voz lo siguiente: “aquí estoy, mi casa no ha sido allanada; de dónde sacó usted esa información”.

El periodista le exhibió copia de la sentencia del Tribunal Militar Primero de Control de Caracas y éste leyó los primeros párrafos para luego pasárselo a una mujer que lo acompañaba.

“Yo soy abogada del primer teniente y efectivamente esta es una orden de allanamiento que no se ha hecho efectiva. Tiene siete días para vencerse”, comentó la mujer quien dijo trabajar en el Tribunal Supremo de Justicia y además representar judicialmente el primer teniente.

 “Aclararemos que no ha sido allanada la vivienda”, respondió el periodista. “Usted tiene que desmentir toda esta cochinada que escribió, porque por culpa de usted murió una niña”, replicó la mujer quien amenazó con demandar al periódico y al comunicador social.

Al día siguiente (4-octubre-2016), Últimas Noticias publicó la réplica del militar. Pero el martes 18 de octubre, en la sección Cartas al Director, se publicó un escrito firmado por el primer teniente Coronel Sarmiento donde entre otros, asegura que “no existe ningún procedimiento penal en mi contra”.

En el segundo párrafo de este reportaje, se señala que la Fiscalía Militar Quinta abrió un expediente donde aparece como presunto implicado en la sustracción de los 21 cauchos, el primer teniente Néstor Alfonzo Coronel Sarmiento. Repito el N° del expediente: FM5-013-2016.

 

Pranes de la PGV versus el Gobierno

 

Desde Agosto pasado, el Gobierno diseño un plan para tomar el control de la Penitenciaria General de Venezuela (PGV), cárcel situada en San Juan de los Morros (Gua). La prisión, es una de las más violentas del país, tanto por las torturas que allí le infringen a los privados de libertad (mutilaciones con hacha caliente, por ejemplo) como por los delitos que se organizan para ser ejecutados en los pueblos de Guárico. Secuestros, cobros de vacunas y sicariatos entre otros, según investigaciones policiales.

La PGV fue capitaneada en un tiempo por Humberto José Rodríguez Grimán, alias Trompeta, abatido por el Cicpc en Maracay (Ara) en enero de 2011. A este le sucedió Jhony Aponte (“Mini Joe”), también caído durante un enfrentamiento en su finca de Los Valles del Tuy en noviembre de 2015. En su lugar quedó Nelson Alejandro Barreto Reyes (“El Ratón”), quien ejerce el control del cobro de causas (impuesto que cada preso debe pagar semanalmente), venta de drogas, alquiler de teléfonos, alimentos y hasta “huidas por la puerta principal”.

Pero a comienzos de este año, El Ratón recibió una visita forzosa. En la PGV se les instaló Franklin Paul Hernández Quezada (42), alias “Franklin La Guaira”, “Viru-Viru”, “Franlin Masacre”. Este venía huyendo de las persecusiones que le montó el Gobierno a través de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP). Se instaló en una celda VIP del penal guariqueño con cinco de sus más cercanos colaboradores.

Asi las cosas El Ratón debió hacer “cogobierno” con su carnal “Franklin Masacre”. Como era de esperarse, “Viru-Viru” comenzó a ningunear a El Ratón e implantar nuevas normas como el incremento de la causa y la obligación a los familiares de los reclusos de traer alimentos para llenar los vacíos anaqueles. Tal situación trajo fracturas entre los dos pranes. Incluso según testigos, El Ratón aceptó a regañadientes la acción de secuestrar a los 45 funcionarios del Ministerio Penitenciario el pasado 1° de Agosto.

La acción fue para presionar al Gobierno de enviarle 3 mil privados de libertad que estaban en las comisarías del Cicpc. A mayor cantidad de presos dentro de la esmirriada nómina de la PGV (el Gobierno no mandaba reos para ese penal), más era la “causa” semanal que de 16 millones de bolívares, pasaría a 23, según cálculos de testigos internos. El conflicto cesó con la intervención del viceministro José Vicente Rangel Ávalos, quien de antemano conoce a los pranes de la PGV.

Simultáneo a eso, la ministro Iris Varela, recibió órdenes del presidente Nicolás Maduro para acelerar los planes de una pacificación y toma del control de la PGV. Alguien de afuera le sopló a los pranes el asunto. Por eso, comenzaron a idear un plan para evitar que los desalojaran de la Penitenciaria. Decidieron aumentar su arsenal y aumentar las torturas a los reos morosos. Pagaron por 100 granadas M26, pero solo les entregaron 84 que previamente sustrajeron del Fuerte Conopoima, situado también en la capital guariqueña. Pero no las ingresaron al penal. Las guardaron en los barrios cercanos a la PGV, donde estos pranes tienen aliados.

Su idea es convertir al barrio Vista Hermosa en un escenario de guerra cuando el Gobierno venga a tomar las instalaciones de la PGV. El plan de resistencia del pranato incluía hacerse presente en la opinión pública. Pagaron los focos de protestas en Caracas (cercanías de Miraflores y Ministerio Penitenciario), San Juan de los Morros (Frente al Fuerte Conopoima, de donde sustrajeron las granadas) y Carabobo. En una de esas protestas, una persona se acercó a los periodistas y les dijo: “Franklin quiere declarar”. Enseguida llamó a “Franklin Masacre” y se los puso en alta voz.

Luego subieron a las redes el video de un reo que murió por tuberculosis. Al parecer la autopsia dice que ciertamente padecía de esa enfermedad, pero que falleció a causa de “traumatismo craneoencefálico generalizado”. A la par, por las redes sociales divulgaron videos de personas con los dedos, brazos y píes mutilados que acusaban a “Franklin Masacre” de haberles disparado “con una pajiza” y luego debieron mutilarle el órgano para evitar una muerte por infección.

El viernes pasado (14 de octubre 2016), el Ministerio para el Servicio Penitenciario difundió un comunicado donde anuncia “un plan de pacificación de la Penitenciaria General de Venezuela”. Admite la existencia de presos mutilados que fueron rescatados por personal del Min-Penitenciario y anuncia la pronta implantación del llamado régimen basado en estudio, disciplina y trabajo. Al cierre de esta edición (17 Octubre 2016) no se ha producido acción alguna para ejecutar dichos anuncios.

Tribunal militar avaló detención de dos dirigentes de PJ que produjeron un video

El Tribunal Militar 1° de Control de Caracas declaró con lugar la solicitud de privación judicial preventiva de libertad en contra de Andrés Eloy Moreno Febres Cordero (28), y Manuel José Godoy Sequera (41), quienes participaron en la elaboración de un video difundido por Primero Justicia donde aparece un grupo de militares atajando una protesta. Tal decisión está contenida en el expediente 4367343 CJPM-TM1C-081-16. Allí se especifica la solicitud de privación de libertad contra Febres Cordero y Godoy Sequera fue formulada por los fiscales tenientes Elber Montero Mendoza y Keyla Ríos Lara, representantes del Ministerio Público Militar. 
 
De acuerdo a los mencionados fiscales, Febres Cordero y Godoy Sequera estarían incursos en los delitos , ultraje al centinela, a la bandera y a la Fuerza Armada; contra los deberes y el honor militar; usurpación, uso indebido de condecoraciones e instigación a la rebelión.
 
La decisión del Tribunal Militar se hizo pública este martes 27 de septiembre pero data del pasado 23 de este mes. Ese mismo día, familiares de Febres Cordero difundieron un comunicado denunciando que era ilegal la detención del joven. “Andrés está detenido por haber colaborado en un video, contratado por la organización política Primero Justicia a una empresa privada, en ejercicio de principios democráticos constitucionalmente establecidos en nuestro país”, señala el comunicado.
Godoy Sequera estuvo en Alemania desde el 25 de enero pasado hasta el 5 de febrero.

Liberan a 10 policías que allanaron quinta del narcotraficante “Lucas el Flaco”

La Corte de Apelaciones de Vargas ordenó la libertad plena de 10 funcionarios de la Polinacional imputados por presuntamente golpear al subdirector de la Dirección Técnico-Científica del Ministerio Público, José Gregorio Hernández Nerea. Los policías estaban presos desde el jueves 18 de agosto por ordenes del Tribunal 5° de Control de Vargas. Ese día les imputaron trato cruel, violación de domicilio y simulación de hecho punible. Todos esos delitos los cometieron presuntamente el sábado 13 de agosto cuando allanaron una quinta en Carayaca (Var), propiedad de Carlos Lucambio Moreno (32), alias “Lucas el Flaco”, quien es señalado de dirigir una organización criminal dedicada al envío de drogas hacia Europa desde los aeropuertos internacionales de Valencia y Caracas.

El día que allanaron esa quinta, se acercó al sitio el subdirector de la Dirección Técnico-Científico del Ministerio Público, Hernández Nerea quien reside al lado del inmueble de Lucas el Flaco. Enfurecido, les exigió a los funcionarios la orden de allanamiento. De hecho ese detalle lo admite la Fiscalía en un comunicado enviado a los medios informando la imputación a los 10 funcionarios. El altercado subió a mayores cuando Hernández Nerea le dijo a los policías que los iba a meter presos porque el trabajaba con la doctora Luisa Ortega Díaz. “Y tu estás botado”, le habría dicho al fiscal Carwil Eduardo Ortsas Sánchez, quien acompañaba a los polinacionales en el allanamiento.  “Ese terreno es de mi propiedad”, les señaló Hernández Nerea a los uniformados, aludiendo a la parcela donde está asentada la quinta de Lucas el Flaco. Ciertamente el fiscal Ortas Sánchez fue removido. Todo eso quedó asentado en el acta de la audiencia de presentación de los policías refrendada por la jueza Grecia Abreu Rada, según expediente N° WP02-P-2016-004253 al cual tuvimos acceso.

La Fiscalía reviró. La jueza Abreu Rada desestimó el delito de trato cruel porque las pruebas presentadas por Fiscalía no eran suficientes para constatar los daños presuntamente causados a Hernández Nerea. Además, ordenó dejarlos en libertad, decisión que la Fiscalía apeló invocando el efecto suspensivo de la medida hasta que la Corte de Apelaciones resolviera.

El lunes 22 de agosto, la Corte de Apelaciones de Vargas, en ponencia de su presidente Jaime Velasquez, confirmó la libertad en favor de los polinacionales y desestimó los restantes delitos; esto es, violación a domicilio y simulación de hecho punible. Pero respecto al oficial Hernán José Martínez Vizcaino, lo dejó libre bajo presentación y aceptó el delito de lesiones leves. Los policías liberados son: Elio José Garcia Aponte, Ronald Enrique Iriarte Gil, Nelson Alejandro Infante Orta, Wladimir Ramón Suárez Gil, Jorge Luis Ruíz Franco, Kleiber Elías Henriquez Heredia, Miguel Ángel Palma Villarroel y Leonardo Alberto Villalobos Arcadia.

El caso ha causado alarma en Miraflores, según fuentes directas. Al parecer ha causado sorpresa que un alto funcionario del Ministerio Público tenga vínculos comerciales con un narcotraficante. Al interior del Ministerio Público, su titular, Luisa Ortega Díaz, designó a María Eugenia Montesinos Hernández como subdirectora encargada de la Dirección Técnico-Científica de Fiscalía, ente auxiliar en las investigaciones abiertas contra funcionarios policiales y militares incursos en violaciones a Derechos Humanos. Pero en la lista protocolar de la Fiscalía, colgada en su página web, sigue figurando José Gregorio Hernández Nerea como subdirector titular de esa dependencia.

Mientras, la Dirección de Inteligencia y Estrategia de la Polinacional prosigue allanando las propiedades de Lucas el Flaco, quien está detenido desde el pasado 6 de agosto cuando lo agarraron en su casa ubicada en la urbanización Safari de Valencia (Car). Lucas el Flaco trabajó el aeropuerto internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía en septiembre de 2013, fecha en que enviaron a Paris en un vuelo de Air France 1.382 kilos de cocaína empequetads en ocho maletas. Su socio en esa operación, Harry Morales, fue detenido en Colombia en septiembre del año 2015, pero lo enviaron a Venezuela el 11 de agosto pasado, día en que los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos y Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvieron un encuentro en Puerto Ordaz donde acordaron reabrir las fronteras.